La imposición de nuevos aranceles por parte del Gobierno de Estados Unidos a México, Canadá y China responde a una estrategia económica que, lejos de ser improvisada, obedece a una lógica proteccionista con beneficiarios claramente definidos. Si bien hay sectores dependientes del comercio global, como la manufactura de automóviles y algunos productos tecnológicos, que podrán verse perjudicados por el encarecimiento de insumos y la represalia en el mismo sentido de los países afectados, otros sectores saldrán favorecidos.La industria siderúrgica y de metales, por ejemplo, se verá fortalecida al reducirse la competencia externa en el mercado estadounidense. Asimismo, ciertos sectores de la agricultura recibirán subsidios y protección estatal, garantizando su competitividad interna, a expensas del encarecimiento de las importaciones. Otro de los beneficiarios clave serán las empresas de tecnología militar y aeroespacial, las cuales, en un contexto de creciente tensión comercial y estratégica, consolidarán su papel en la economía estadounidense.El regreso de Donald Trump a la presidencia no puede analizarse exclusivamente como la continuidad de su figura política, sino como el reposicionamiento de sectores político-militares y económicos que buscan redefinir la globalización. En esa lógica, debe comprenderse que su discurso nacionalista oculta una estrategia de concentración de poder en sectores de alto valor agregado, particularmente en tecnologías disruptivas. Todos los sectores vinculados a la ya mencionada industria aeroespacial y de exploración astronómica, el desarrollo de inteligencia artificial y la automatización industrial, forman parte de una agenda que busca reducir la dependencia de China y reforzar la supremacía tecnológica estadounidense.Hay que advertir además que dicha estrategia está claramente diseñada para imponer una nueva forma de globalización que rompe con la tradición liberal clásica. Mientras que el orden liberal promovido por Estados Unidos en el Siglo XX estaba sustentado en la democracia, el libre comercio, la reducción de desigualdades y la defensa de derechos humanos, la nueva agenda proteccionista busca consolidar esferas de influencia económica y tecnológica bajo la lógica del poder duro. El multilateralismo queda relegado y, en su lugar, emerge una globalización segmentada y dominada por bloques económicos y tecnológicos en pugna.Ante este escenario, las democracias nacionales están obligadas a replantear su estrategia para evitar ser arrastradas hacia una globalización excluyente. La recuperación de la idea de construir Estados de bienestar sólidos se vuelve una prioridad para mantener la estabilidad social y económica, anclando el desarrollo en principios de equidad, sostenibilidad y protección de derechos fundamentales.Desde esta perspectiva, políticas industriales soberanas permitirían impulsar la manufactura y la innovación en sectores estratégicos sin depender excesivamente de las importaciones, dando juego con ello a diversos grupos económicos y fortaleciendo al mismo tiempo la capacidad de las estructuras del Estado para regular al mercado y equilibrarlo.Asimismo, una decidida inversión en educación y tecnología crearía capacidades nacionales en inteligencia artificial, energías renovables y digitalización, para competir en la nueva economía global. Ello, acompañado de una inteligente defensa del multilateralismo reforzaría alianzas regionales y multilaterales que garanticen una globalización inclusiva, priorizando el desarrollo sostenible y la eventual erradicación de la pobreza.El reto fundamental para las democracias es articular una agenda que combine libertad económica, justicia social y protección ambiental, permitiendo que el bienestar de las poblaciones no dependa exclusivamente de las fluctuaciones geopolíticas de las grandes potencias. Asimismo, la protección del medio ambiente debe ser parte fundamental de la ecuación, pues sin un enfoque sostenible, cualquier modelo económico estará condenado al colapso.La nueva globalización no puede ser un simple reordenamiento de poderes corporativos y militares, sino una oportunidad para consolidar sociedades más justas, prósperas y sustentables. La tarea de los gobiernos progresistas es formular estrategias que permitan la reducción de desigualdades, el acceso a bienes públicos esenciales y en la protección del medio ambiente como un derecho fundamental. La disyuntiva es clara: o se acepta una globalización impuesta desde intereses hegemónicos, o se construyen modelos de integración económica y política que favorezcan la equidad, la sostenibilidad y la libertad de las naciones y sus ciudadanos.
