Las 29 narco ofrendas que entregó el jueves el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum no saciaron a Donald Trump. Es más, el presidente de Estados Unidos ni siquiera lo consideró un logro del Gobierno de la segunda 4T.Ahora quiere narcopolíticos mexicanos, para conjurar, temporalmente y por segunda ocasión, la amenaza de la imposición de 25 por ciento de aranceles a lo que México importe a Estados Unidos, lo cual se decide mañana.En declaraciones hechas el viernes pasado a la prestigiosa revista británica The Spectator, y a pregunta expresa del entrevistador Ben Domenech, Trump dijo que le recomendaría a Pam Bondi, fiscal general de los Estados Unidos “que se investigue” a los políticos mexicanos ligados al crimen organizado, tráfico de migrantes y de drogas, especialmente de fentanilo.Esta nueva demanda la reconoció Trump luego de la entrega de los 29 narcotraficantes mexicanos, entre ellos Rafael Caro Quintero, a quien la DEA culpa de matar a Enrique “Kiki” Camarena, uno de sus agentes, en Guadalajara, en 1985.El presidente estadounidense nunca reconoció este gesto del Gobierno mexicano. En un comunicado de la Casa Blanca emitido el viernes, todo el crédito se lo dieron al propio Trump, al señalar que él había dirigido al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado para que sucediera esa operación. “El fiscal general Pam Bondi y el secretario de Estado, Marco Rubio”, destacó Trump, “hicieron un trabajo tremendo al lograrlo (…) la administración Trump está declarando a estos matones como terroristas, porque eso es lo que son, y exige justicia para el pueblo estadounidense”.Con la mira puesta ahora en los miembros de la clase política y gubernamental de México coludida con el narco, Trump estaría escalando a un siguiente nivel, luego de la primera reunión que tuvieron el jueves pasado los gabinetes de seguridad de ambos países en Washington, y después de que les pusieron a disposición a 29 de los objetivos más buscados por las agencias antidrogas estadounidenses.Para medir la influencia y determinación de sus interlocutores mexicanos, con la señal que dio Trump el viernes, su gabinete de seguridad ahora buscará que vengan las detenciones de funcionarios de alto nivel pasados y vigentes, así como gobernadores, legisladores, alcaldes y jefes policiales entre otros cargos de gobiernos de todos los niveles en México. La pregunta es si el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sería uno de ellos.Fuentes cercanas a la Casa Blanca adelantan que, en una siguiente etapa, tal vez simultánea a la de las peticiones de aprehensiones de narcopolíticos mexicanos, escalará la exigencia de que el Gobierno de Sheinbaum persiga también a narco empresas que blanquean el dinero de los cárteles y que Estados Unidos tiene también en el radar.Habrá que ver qué exige a cambio Sheinbaum ante la distante reacción del presidente estadounidense, al trasladar el récord de capos a su territorio.
