Uno de los grandes debates en seguridad pública y seguridad nacional es hasta qué punto es una buena estrategia detener a los cabecillas del crimen organizado. Los defensores de la no persecución de los líderes —López Obrador claramente era uno de ellos— sostienen que no hay cambio alguno en la seguridad pública cuando se detiene a los capos, más aún, en muchos casos lo que sucede es que se recrudece la violencia, pues de desatan procesos de sucesión y control cuyo único argumento y lenguaje son las balas. Los defensores de la estrategia de descabezamiento de los grupos criminales tienen más una visión de seguridad nacional y sostienen, no sin razón, que no combatir a los grupos de crimen organizado genera un empoderamiento y control territorial que debilita al Estado. Esto lo hemos visto claramente en los últimos años como resultado de la política de “abrazos y no balazos”. No se redujo la violencia criminal (la suma de muertes violentas y desaparecidos no localizados) y, por el contrario, aumentó el territorio controlado.Hay varios mensajes implícitos en la decisión de “transferir” presos a Estados Unidos. El primero es que, para efectos prácticos, se acabó la extradición. En adelante, México enviará a quien desee a Estados Unidos. La justicia se hará allá, con los criterios de allá, conforme a los intereses de allá, tal como ha venido sucediendo en los últimos 30 años. Se acabó la simulación, fuera máscaras. Capo que caiga, capo que se va. El argumento pragmático es que se haga justicia, da igual quién la opere.Entregar a 29 capos a la justicia estadounidense fue una decisión de Estado, contraria a las leyes mexicanas y sin más motivación que calmar al ogro de los aranceles. ¿Fue una buena decisión? Lo sabremos cuando las aguas vuelvan al cauce y podamos hacer un balance de lo ganado y lo perdido. La pregunta más importante, sin embargo, es cuáles pueden ser las consecuencias para la seguridad pública de un golpe de este tamaño.Quitarle poder al crimen organizado siempre será una buena noticia. No obstante, sin una estrategia de intervención en el territorio que contemple no sólo el descabezamiento sino la destrucción de las redes criminales y su apoyo desde dentro de las estructuras del Estado (policías, militares, alcaldes, jueces, diputados, gobernadores, etcétera) el resultado podría ser muy costoso para la población que no sólo va a poner a los muertos y los desaparecidos, sino también los flujos de efectivo que se reduzcan por la contención del narcotráfico.El paso está dado. Con sus virtudes y defectos, la decisión de plegarse a la estrategia estadounidense en materia de lucha contra el narcotráfico es un indicativo de que sí hay una visión distinta del problema en este Gobierno. La pregunta es si también hay una estrategia distinta o se trata de decisiones tomadas sobre la marcha, al calor de los acontecimientos y bajo la presión del gobierno de Trump. En muy poco tiempo lo sabremos.
