Conforme se conocen más detalles de lo ocurrido en el campo de entrenamiento y centro de exterminio de Teuchitlán, cada vez hay más elementos para concluir que se trató de un caso de encubrimiento del más alto nivel, y todo por razones del contexto político que imperaba en Jalisco en ese momento, septiembre de 2024.Aunque hay versiones de que el rancho del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operaba desde 2018 (como afirma Cecy Flores, del colectivo Madres Buscadoras de Sonora), lo cierto es que fue encontrado el 18 de septiembre de 2024 tras un tiroteo entre presuntos sicarios y elementos de la Guardia Nacional. Después de eso, quedó en manos de la Fiscalía de Justicia de Jalisco. En ese momento debió ocurrir el primer encubrimiento. El ministerio público encargado de las diligencias debió abrir una carpeta de investigación y hacer una cadena de custodia de todos los indicios encontrados en el rancho, es decir, de las montañas de zapatos, vestimenta, mochilas, valises y otras prendas personales de quienes se encontraban en el rancho y cuyas imágenes ahora son conocidas gracias al video viral que grabaron madres del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.De la información que se tiene, se puede deducir que hubo la orden, seguramente de altos mandos del Gobierno del Estado, para no continuar la investigación, no procesar los cientos de prendas que ahí se encontraban y ocultar la información sobre este campo de entrenamiento. Había un contexto político que parece explicar este ocultamiento: estaba a punto de terminar el sexenio de Enrique Alfaro Ramírez, y casi al final de la impugnación electoral que Morena interpuso contra la elección de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco.Según exfuncionarios de temas de seguridad, operadores importantes del exgobernador Alfaro tomaron la decisión de ocultar el centro de exterminio de Teuchitlán para que el caso del rancho no se sumara a la errática política en materia de desapariciones que imperó a lo largo del sexenio pasado. Descubrir la magnitud del centro de exterminio de Teuchitlán a poco más de dos meses de terminar el sexenio hubiera terminado de marcar la mala imagen del gobernador Alfaro en su relación con las familias y colectivos que buscan a sus desaparecidos.Apenas unas semanas antes del enfrentamiento de la Guardia Nacional con los sicarios en ese rancho, el entonces gobernador Enrique Alfaro descalificaba a familias y medios de comunicación que denunciaban que la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque era un punto crítico de reclutamiento de jóvenes por parte de células del crimen organizado.Otro elemento del contexto político de ese momento es que se estaba litigando la impugnación que el partido Morena interpuso en contra del triunfo del candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus Navarro, y el descubrimiento del centro de exterminio de Teuchitlán podría crear una crisis política. Operadores de la campaña morenista creen que una crisis de ese tamaño habría provocado incluso la anulación de la elección de gobernador del año pasado. Pero esto no ocurrió y Pablo Lemus fue confirmado como gobernador electo el 15 de octubre, unas semanas después del enfrentamiento en el rancho Izaguirre.Sea cual sea la verdadera motivación, este encubrimiento generó consecuencias criminales, pues el ocultamiento de evidencia hace suponer que las actividades delictivas siguieron en esa región del Estado (aunque ya no fuera en el rancho), y lo peor de todo es que se ocultó el conocimiento de evidencia que pudiera ayudar a las familias a identificar indicios (ropa, zapatos, mochilas) de los seres queridos que están buscando.Todos estos encubrimientos deben ser investigados y deben procesar a los responsables que han provocado esta negligencia criminal. Y aunque el encubrimiento apunta a funcionarios del anterior Gobierno estatal, se debe revisar si ya en el nuevo Gobierno no continuó el ocultamiento del rancho. Esto porque integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco afirman haber recorrido el rancho en diciembre de 2024 y en enero de este año, es decir, ya bajo el Gobierno de Pablo Lemus.Y con independencia de los periodos de Gobierno y del partido gobernante, ahora el centro de exterminio de Teuchitlán es una confirmación de la grave crisis humanitaria, de la brutalidad de la violencia criminal y de la negligencia y complicidad criminal de las autoridades de todos los niveles. Bajo el lema de “Teuchitlán, nunca más” se han convocado manifestaciones en al menos 38 ciudades del país. Ojalá el dolor, el horror y la indignación que ha generado este caso se conviertan en la fuerza política necesaria para detener la barbarie que sacude a la sociedad mexicana desde hace dos décadas.
