Si lo dice un habitante del lugar, un testigo protegido que declara ante una autoridad de Estados Unidos o una madre buscadora es altamente relevante, pero que lo diga sin matices el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, es demoledor: el Gobierno del Estado y el municipal sabían de la existencia de un campo de exterminio en Teuchitlán.Textualmente, el funcionario federal aseguró este martes en la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum que “no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del Estado”.La primera intervención de las autoridades federales que se hizo en esa localidad, ubicada a poco más de una hora de distancia de Guadalajara, fue el 18 de septiembre de 2024, cuando la Guardia Nacional detuvo a una célula integrada por 10 personas, rescató a otras dos y localizó un cadáver. El reporte oficial de esa dependencia reconocía desde entonces que la localidad de La Estanzuela, en Teuchitlán, era un centro de adiestramiento de sicarios al servicio del cártel Nueva Generación.Los 10 señalados tenían drogas, armas y sobre ellos pesan señalamientos de desaparición forzada y homicidio, según lo declaró el entonces titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Daniel Espinosa Licón, quien también aseguró que el sitio estaba “totalmente estructurado para reclutar y capacitar a la gente”.“No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del Estado”. Insisto en la declaración de Gertz Manero porque, sólo aludiendo al sentido común, esta frase devela un evidente encubrimiento de la autoridad a la delincuencia organizada. Y en algún momento de esta historia saldrán a relucir quienes llevaban las riendas de la seguridad en Jalisco: el ex fiscal Joaquín Méndez o el de quien se comprometió a cambiar la historia de Jalisco y se fue “con la frente en alto”.El problema es que, si algo caracterizó a la administración pasada (a la federal y a la estatal) es que había “otros datos”. El manejo discursivo en materia de seguridad nunca se despegó del político, de tal forma que quienes se atrevían a sugerir que existía una crisis de desapariciones, de homicidios, de violencia, no eran sino enemigos del obradorato o del alfarismo. Del régimen.Antes, la retórica se encubría bajo el cinismo de que “acá no hay crisis, se matan entre ellos y los medios magnifican lo que hacen los delincuentes y no lo que hacemos nosotros”. Hoy, el mismo que esgrimió ese discurso, Enrique Alfaro, decidió autoexiliarse para vivir sus días gastando euros en España.Pero, políticos aparte, sea en el centro de la localidad de la Estanzuela o en el Rancho Izaguirre (que están a sólo 10 minutos), lo que se ha retratado de Teuchitlán es horror puro. Y el colmo no es sólo que se trata de un punto de Jalisco tan cercano a la capital que se convirtió en una escuela del crimen organizado para preparar y nutrir a sus grupos de sicarios, sino que, como lo aseguró el titular de la FGR, el Estado y el municipio sabían de su existencia.Tan sabían de este hecho como sabían (y negaron) que hay métodos de reclutamiento en redes sociales que garantizan sueldos altísimos de entre 10 y 15 mil pesos por semana en empleos como guardia de seguridad privada. Tan sabían de su existencia como sabían que los puntos de encuentro y desaparición de personas son las centrales camioneras. Y, de nuevo, negaron todo para evitar el desprestigio hacia un plan que iba a servir como trampolín presidenciable.Esa es una de las razones principales por las que la agenda de seguridad era atajada por el ex gobernador. No iba a permitir que se hiciera un manejo político de la crisis de inseguridad que nunca pudo (¿o quiso?) contener.Y ahora, de nuevo aludiendo al sentido común y con la voz del titular de la FGR como mensaje indirecto al gobernador que alguna vez juró cumplir y hacer cumplir la ley: ¿El mismo gobernador Pablo Lemus, quien prometió castigo por omisiones del pasado, llamará a su predecesor para que pause el sabático en Madrid y acuda a responder por lo que, según la Federación, él sabía que existía en Teuchitlán y dejó pasar? ¿La misma Presidenta o la Fiscalía General lo harán?La moneda está en el aire. ¿Lo estarán también las leyes?
