Umberto Eco dedicó especial atención a explicar por qué en Occidente nos fascina clasificar y elaborar listas. En una entrevista con la revista alemana Der Spiegel, afirmó: "La lista es el origen de la cultura... ¿Y qué quiere la cultura? Hacer comprensible lo infinito.” Para Eco, las listas son herramientas esenciales para organizar el caos del mundo. Ahora, algunas listas publicadas en Estados Unidos parecen encaminadas a organizar el caos de la ilegalidad en México, esa realidad a la que Octavio Paz se refería al afirmar: que "La ilegalidad no es una anomalía en México, sino una tradición,” dada la ambigua relación entre el poder y la ilegalidad que ha marcado nuestra historia, generando tensiones que han desembocado en guerras y conflictos. Con el tiempo, la aplicación más generalizada de la ley ha permitido avances, pero el crecimiento de las organizaciones criminales en las últimas décadas ha evidenciado un deterioro en la capacidad del Estado para combatir el crimen, exacerbado por la tecnología y las comunicaciones. Hoy, este es el problema estructural más apremiante para quienes administran la cosa pública en México. Frente a esta crisis, ha comenzado la incorporación de los cárteles del narcotráfico a la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés), una designación que trae consigo consecuencias jurídicas y materiales. Esto implica la publicación de nuevas listas con los nombres de los líderes de estas organizaciones y de quienes colaboran con ellas. Uno de los efectos potenciales más complejos de esta clasificación es su impacto sobre quienes pagan el llamado derecho de piso. En muchas regiones del país, existen listas clandestinas con nombres de empresarios, comerciantes y transportistas que han sido obligados a entregar cuotas a grupos criminales para poder operar. Hasta ahora, muchos lo han visto como una imposición ineludible. Sin embargo, con la designación de los cárteles como FTO, estos pagos podrían ser considerados apoyo material a una organización terrorista, lo que los convierte en delitos bajo la legislación estadounidense. El Código de los Estados Unidos establece que proporcionar "apoyo material o recursos" a una FTO es un delito federal. Esto incluye no solo ayuda financiera directa, sino también servicios logísticos, transacciones financieras y facilitación de la cadena de suministro. La definición de "apoyo material" es amplia e incluye servicios financieros, transporte, alojamiento y asesoramiento de expertos. En este contexto, pagar derecho de piso podría interpretarse como financiamiento directo al terrorismo, exponiendo a quienes lo realicen a sanciones internacionales e incluso a procesos judiciales fuera de México. No es remoto que veamos pronto listas con nombres de navieras, transportistas terrestres y otras más señaladas en estos rubros.Además, la ley tipifica como delito federal la entrega de cualquier cosa de valor pecuniario a una organización terrorista extranjera si la transacción está relacionada con su actividad esencial, que en este caso sería el tráfico de drogas. Esto otorga a los fiscales estadounidenses una poderosa herramienta de aplicación. Si una empresa paga a un proveedor logístico afiliado a un cártel, adquiere insumos de explotaciones controladas por el crimen organizado o facilita transacciones financieras que benefician a un cártel, podría enfrentar graves consecuencias, incluidas penas de prisión e incluso cadena perpetua. Esto significa que, con el estatus de FTO, las empresas deben extremar precauciones para evitar cualquier pago, directo o indirecto, a entidades vinculadas con los cárteles. Además, los bancos y procesadores de pagos están legalmente obligados a identificar, congelar y notificar los fondos vinculados a las FTO (lo que supone otra lista). El incumplimiento de esta obligación puede derivar en sanciones civiles millonarias. Por otro lado, las empresas pueden ser demandadas si *prestan a sabiendas ayuda sustancial* a una organización terrorista. Las sanciones también alcanzan a quienes protejan o faciliten las actividades de las FTO, lo que podría implicar a actores del sector público y privado, expuestos a represalias legales en Estados Unidos. Ejemplos recientes incluyen la cementera francesa Lafarge S.A., sancionada por financiar al ISIS para mantener sus operaciones en Siria, y Chiquita Brands International, multada por pagar cuotas de protección a un grupo terrorista colombiano. A esto se suma la especulación sobre la posible inclusión en listas de sanciones de funcionarios o agentes que se demuestre que han colaborado con las FTO. Las listas serán una herramienta de presión con el potencial de generar disrupciones económicas y efectos políticos. En este sentido, es clave el espíritu de colaboración que se mantiene entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Al final, las actividades ilícitas afectan a la población de ambas naciones, y es preferible establecer mecanismos de coordinación para implementar sanciones de manera conjunta, en lugar de enfrentarlas unilateralmente.
