El 29 de junio próximo se cumplirán siete años de que María Guadalupe Sánchez González, tras trabajar desde los 17 años en oficinas notariales mientras estudiaba Derecho y otros posgrados en materia jurídica, y acumular más de tres décadas de experiencia, decidió acudir en esa misma fecha de junio, pero del 2018, a presentar su examen al Colegio de Notarios para cumplir su sueño de conseguir un Fiat que le permitiera desempeñarse como Notaria titular.El no desistir en lograr esa meta la ha llevado a padecer un calvario de atropellos, abusos, litigios, y en ellos, toda una serie de tácticas dilatorias orquestadas desde el Colegio de Notarios con la complicidad del Gobierno estatal todo el sexenio anterior que encabezó Enrique Alfaro.Aunque le siguen negando algo que se ha ganado a pulso, no con uno, sino con dos exámenes, la lucha de Lupita ya ha rendido frutos: exhibir en toda su dimensión las malas prácticas, la discrecionalidad, el influyentismo y la lógica patriarcal, entre otros vicios que eran un secreto a voces, en la entrega de los Fiat notariales.Sin duda, hay dos momentos clave en estos casi siete años de lucha de Lupita. Uno fue cuando, luego de años de litigio, ella, sus dos hermanas y sus abogados, lograron que se le permitiera al menos la revisión de examen, en el que le habían puesto 60 para dejarla fuera del reparto de las notarías que se otorgan sólo a los que sacan más de 80 puntos, y que por supuesto ella nunca aceptó. El segundo momento vino cuando un juzgado le ordenó al Colegio de Notarios demostrar el 60 de calificación y alguien decidió, equivocadamente, que era mejor arrancar hojas de ese examen, porque seguramente estaba bien contestado y, deliberadamente, mal calificado. Insisto en que la verdadera calificación que sacó ya nunca se sabrá, pero lo cierto es que en ese momento a Lupita le robaron la Notaría que soñaba y merecía.Esa bochornosa y delincuencial maniobra dejó como nunca en evidencia que hay una casta notarial que, en complicidad con los gobiernos en turno, simulan exámenes para concursar notarías que ya están previamente asignadas a los descendientes de notarios y aspirantes con alguna palanca entre la clase política y gubernamental.En el Colegio de Notarios siguen alegando que la mutilación del examen nunca se dio, aunque ya un juzgado lo comprobó y los obligó a aplicarle un segundo examen en el que sacó una calificación aprobatoria. La última táctica dilatoria en el litigio de Lupita se dio el jueves pasado, cuando el representante del Colegio pidió que la magistrada del caso se recusara para seguir intentando cansar a la postulante y que cese su lucha.Por eso la pregunta es si el nuevo presidente del Colegio de Notarios, José Luis Leal, y el nuevo Gobierno estatal de Pablo Lemus, continuarán posponiendo la aplicación de la justicia en este caso.O si pondrán fin a esta violencia institucional que sufre esta mujer y reformarán la Ley Notarial para transparentar estas designaciones públicas, y conjurar así iniciativas que propongan elegir por votación también a los notarios, o de plano, que amaguen con la tómbola.Mientras tanto, es claro que la casta notarial se sigue resistiendo, pero Lupita más.
