En 2012, una familia vendió una parte de su terreno en el ejido La Estanzuela, donde posteriormente se construyó el Rancho Izaguirre. Los antiguos propietarios han negado haber sido forzados o amenazados para realizar la transacción.En una entrevista con Canal Once, los familiares explicaron que la venta se llevó a cabo de manera voluntaria debido a problemas de salud del propietario en aquel momento.Los familiares expresaron sorpresa ante el reportaje publicado por EMEEQUIS titulado “Rancho Izaguirre: comprado por la fuerza en 2012, devuelto en las sombras en 2025”. En dicho artículo se afirma que el terreno fue vendido bajo amenazas de integrantes del Cártel Nueva Generación (CNG).De acuerdo con la publicación, el propietario de la parcela habría sido intimidado en su domicilio, en presencia de su esposa y su hija menor de edad. Sin embargo, la familia rechaza esta versión y señala que, en 2012, las hijas del entonces dueño ya tenían 35, 31 y 27 años, por lo que ninguna era menor. Los familiares también mencionaron que han colaborado con las autoridades, proporcionando documentación que acredita que el predio ya no les pertenece desde hace años. “Entregamos los papeles necesarios para demostrar que mi papá ya no es el dueño”, agregó la hija.Asimismo, manifestó su preocupación por la seguridad de su familia tras la difusión del reportaje y solicitó respeto hacia sus padres. “Solo pedimos que respeten a mis papás, porque ya son adultos mayores y están enfermos”, expresó.Por otro lado, el reportaje de EMEEQUIS no cuenta con declaraciones directas de la familia vendedora. Su información proviene de testimonios anónimos de vecinos y otras fuentes locales.El artículo firmado por el periodista Esteban David Rodríguez sostiene que la venta del terreno ocurrió bajo presión. Según testimonios recabados por el medio, un grupo de individuos habría ingresado al domicilio del ejidatario en La Estanzuela, obligándolo a vender su parcela.“Don Genaro no tuvo elección, vendió la tierra. Pero le dejaron los papeles, es decir, el certificado parcelario. Lo que realmente les interesaba a los compradores era el control material del terreno”, menciona el reportaje. Posteriormente, se construyó un muro perimetral y el predio se convirtió en un sitio identificado como centro de exterminio.Investigaciones del Centro de Investigación Interdisciplinaria (CICA) muestran que, en 2011, el terreno estaba sin construcciones, pero en 2012 ya había una delimitación perimetral. En los años siguientes, se añadieron edificaciones y perforaciones, y se presume que el sitio operó de manera clandestina por más de una década.El reportaje también menciona que en 2025 el terreno reapareció como propiedad privada en el catastro municipal de Teuchitlán, sin claridad sobre quién realizó los trámites. El medio sugiere que no se llevaron a cabo los procedimientos formales requeridos ante la Sedatu y el Registro Agrario Nacional (RAN) para cambiar su estatus ejidal.Actualmente, el predio figura en el catastro municipal como propiedad privada y se ha solicitado el pago del impuesto predial. Algunos vecinos consultados por EMEEQUIS afirman que el exejidatario se mostró sorprendido al recibir dicho requerimiento. “No sabía si pagar o no, porque temía que hacerlo le trajera problemas”, declaró un testigo.El terreno abarca 3.3 hectáreas, de las cuales una hectárea cuenta con construcciones y un muro perimetral donde se concentraron los hallazgos, mientras que el resto se mantiene cubierto de maleza o en uso agrícola. Durante los 13 años que presuntamente operó, transcurrieron cuatro administraciones federales, cuatro estatales y cinco municipales.BB
