Han transcurrido dos semanas desde que Donald Trump asumió su segundo mandato en los Estados Unidos, y una de las principales áreas de enfoque sigue siendo la deportación de migrantes latinos, tanto por los números como por la metodología empleada en el proceso de expulsión. De acuerdo con el propio Trump, el número de deportados podría alcanzar cifras históricas a lo largo de su gestión.Por ahora, las estadísticas de deportación se mantienen estables, similares a los últimos meses bajo la administración de Joe Biden. Esta tendencia se refleja en los datos divulgados por el gobierno de México, país con la mayor cantidad de migrantes en EE.UU. Además, México ha recibido deportados no solo de Estados Unidos, sino también de países como Venezuela, Nicaragua, Haití, El Salvador, Cuba, Honduras y Guatemala, aunque aún no hay información oficial sobre acuerdos específicos que regulen la entrada de deportados de estas naciones.Desde el inicio de la administración de Trump, se informó que 6.244 migrantes fueron deportados a México, de los cuales mil 321 no eran mexicanos. Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum ha implementado el programa "México te abraza", destinado a brindar apoyo a los deportados, este beneficio solo está disponible para los migrantes de nacionalidad mexicana. En cuanto a los deportados de otros países, no reciben asistencia a menos que se trate de emergencias médicas.Esta situación no es algo nuevo. Según la politóloga mexicana Stephanie Henaro, “esto también ocurrió durante la primera administración de Trump, y el problema radica en las deportaciones en cadena. Llegan a México, se les envía a otro país y allí, si no son nacionales de ese lugar, se repite el proceso". Henaro señala que este fenómeno puede tener un impacto negativo a largo plazo, promoviendo “más racismo y nacionalismo”. Además, advierte que México no está preparado, ni económica ni culturalmente, para enfrentar esta situación.Por su parte, Ariel Ruiz, analista político del Migration Policy Institute (MPI), explica que el gobierno mexicano no considera que tenga la obligación de reinsertar a los migrantes no mexicanos. Según Ruiz, los deportados tienen tres opciones: la primera es solicitar refugio en México, lo cual les permite obtener un estatus legal y la posibilidad de trabajar, aunque el proceso puede ser largo y costoso. La segunda opción consiste en regresar voluntariamente a su país de origen, con la asistencia correspondiente. Finalmente, la tercera opción, que ha sido común en el último año, es el traslado de los deportados a la frontera sur de México, donde pueden pedir refugio o decidir abandonar el país.El traslado de migrantes no mexicanos desde la frontera norte a la frontera sur de México es una práctica que se ha mantenido durante varias administraciones, incluidas las de Trump y Biden. Según Ruiz, un migrante que es enviado a estados del sur de México, como Chiapas, podría intentar regresar a la frontera con Estados Unidos y cruzar de manera irregular. Sin embargo, con la política más agresiva de Trump, esta opción se ha vuelto más difícil, ya que las consecuencias para quienes sean detenidos nuevamente pueden ser más severas.La situación de los migrantes deportados sigue siendo un desafío para México y los países involucrados. Si bien el gobierno mexicano no está obligado a asumir la reintegración de los migrantes no mexicanos, las alternativas que se ofrecen parecen ser insuficientes y, en algunos casos, poco viables. Lizbeth Guerrero concluye que, aunque es lógico que un país se encargue de sus propios nacionales, no se puede olvidar a los migrantes de otras nacionalidades, quienes también necesitan apoyo y opciones para regresar a sus hogares de manera segura. BB
