Desde su nombramiento como fiscal general, Pam Bondi ha implementado una serie de medidas que podrían transformar la política sobre la pena de muerte a nivel federal, destacándose una de ellas que afecta particularmente a los inmigrantes indocumentados acusados de delitos graves.Bajo su liderazgo, el Departamento de Justicia (DOJ) ha comenzado a reactivar la pena capital y asegurar su ejecución en aquellos casos que involucren a extranjeros ilegales y crímenes violentos.Bondi, quien asumió el cargo el 5 de febrero con el apoyo de la administración Trump, ha emitido un memorándum que levanta la suspensión de las ejecuciones federales, una medida impuesta durante el gobierno de Biden.Este cambio permite que el DOJ retome la búsqueda y ejecución de sentencias de muerte en casos federales, algo que no ocurría desde 2021.El memorándum también establece nuevas pautas que obligan a los fiscales federales a solicitar la pena de muerte en más casos, especialmente aquellos que involucren a inmigrantes indocumentados acusados de delitos graves o de asesinar a oficiales de policía.Uno de los ejemplos mencionados en el documento es el reciente asesinato del agente de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., David Maland, durante un control de tráfico en Vermont. También se cita el caso de Debrina Kawam, una mujer que fue quemada viva mientras viajaba en el metro de Nueva York, aunque no está claro si este incidente se considera un crimen federal.Un aspecto relevante del memorándum es la orden de revisar todas las decisiones previas, tomadas entre el 20 de enero de 2021 y el 19 de enero de 2025, sobre no aplicar la pena de muerte en casos elegibles para este castigo, es decir, durante la presidencia de Joe Biden.El Capital Review Committee del DOJ tiene un plazo de 120 días para reevaluar estas decisiones, con un enfoque particular en casos relacionados con cárteles, organizaciones criminales transnacionales y crímenes cometidos en territorios indígenas o bajo jurisdicción federal.Según el memorándum, esta revisión tiene como objetivo asegurar que “los criminales más peligrosos enfrenten las consecuencias más severas”, lo que podría implicar que se presenten cargos adicionales de pena capital en casos que previamente no se consideraban aptos para este tipo de sentencia. El documento pone énfasis en los crímenes perpetrados por cárteles y organizaciones criminales transnacionales, especialmente aquellos relacionados con el tráfico de grandes cantidades de drogas o violencia vinculada al narcotráfico.La fiscal general también ha ordenado que el DOJ brinde apoyo a los estados para implementar la pena de muerte, asegurando que cuenten con los recursos necesarios para llevar a cabo las ejecuciones, incluyendo la provisión de sustancias aprobadas como el pentobarbital.Además de sus esfuerzos por revitalizar la pena de muerte, Bondi ha resucitado una política que recorta fondos a las “jurisdicciones santuario” que no cooperen con las autoridades federales en cuestiones migratorias. Esta medida afecta principalmente a las organizaciones no gubernamentales que ayudan a inmigrantes indocumentados, aunque aún no se ha aclarado qué tipo de apoyo o servicios en particular serán considerados en este contexto.Este cambio en la dirección del DOJ también incluye redirigir recursos de investigaciones sobre corrupción y delitos financieros para ampliar la capacidad de los fiscales federales en casos de inmigración, lo que incluye procesar a actores locales que obstruyan los esfuerzos de control migratorio del gobierno federal.La decisión de reactivar la pena de muerte federal y enfocar la atención en crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados ha generado un debate intenso.“Existen muchas dudas sobre cómo se desarrollará todo esto, pero tendremos que esperar para ver”, comentó Cassandra Stubbs, directora del Proyecto de Pena Capital de la ACLU, en una entrevista con The Appeal.Geremy Kamens, abogado defensor público federal, criticó esta directiva, calificándola de “inconstitucional” y señalando que refleja un “trato desigual basado en el origen nacional”.Según Kamens, esta política establece que “buscaremos la pena de muerte basándonos en el origen nacional”, lo que, según él, infringe la Constitución de los Estados Unidos.Con un enfoque tan centrado en la pena capital y en la aplicación rigurosa de las leyes migratorias, las políticas migratorias de EE. UU. podrían enfrentar un cambio significativo en el futuro.BB
