¿Para qué convocó el miércoles y trasladó ayer el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, a la fuente periodística que lo cubre en la Ciudad de México, al rancho Izaguirre, de Teuchitlán?¿Para qué respondió el mismo miércoles a Gertz el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, a nombre del gobernador Pablo Lemus, convocando a los colectivos de madres buscadoras y transportándolos también ayer al mismo predio de La Estanzuela, conocido ya mundialmente por las más de mil 300 prendas personales y zapatos encontrados ahí?Las preguntas vienen a cuento porque esta muestra de apertura y transparencia en las investigaciones, si es que esa hubiera sido una intención auténtica de ambas partes, estuvo lejos de cumplir el objetivo y más bien significó un retroceso en el manejo que habían dado a este asunto tan delicado tanto la Presidenta Claudia Sheinbaum como el mandatario estatal.Tanto Gertz Manero como González de los Santos alimentaron altas expectativas en colectivos de familiares de desaparecidos y madres buscadoras, así como en los periodistas, sobre lo que se avanzaría en el conocimiento del caso con la visita al sitio, a la que ambos personajes al final no acudieron.Desde luego, hubo desconcierto entre los colegas por no haber recibido explicación alguna de ninguno de los responsables de la exploración del predio, que, para muchos, y aunque Gertz afirme que no hay elementos para asegurarlo, sigue tratándose de uno de los más grandes centros de exterminio encontrados en el País.Pero lo más grave fue cómo se salió de control el trato a los colectivos de personas buscadoras, entre las que había madres, hermanas, hijos e hijas, buscando a algún ser querido, y que terminaron a gritos y empujones con los policías que cuidaban el cerco de seguridad para entrar al tristemente célebre “Izaguirre Ranch”. Por eso, para los colectivos de búsqueda, el haber hecho de esta visita un “tour” fue toda una “burla” a su dolor, por las limitaciones para desplazarse en el predio y por no permitirles manipular las prendas para verificar si eran de sus familiares.Tanto el Gobierno federal como el estatal se tendrán que aplicar a fondo para reivindicarse con estos colectivos, que son las víctimas directas de la crisis humanitaria de las desapariciones de Jalisco y del País.La Fiscalía estatal, para documentar que no son los responsables de las omisiones de sus antecesores enlistadas por Gertz Manero el miércoles pasado y para mantenerse como coadyuvantes de las investigaciones; y la FGR, para cumplir la palabra de su titular de que se llegará a la verdad de lo que sucedió para castigar a los delincuentes responsables y a los que fueron sus cómplices desde el Gobierno, por acción u omisión. Pero, sobre todo, para que cumplan, desde ambas instancias, su obligación de detener a los raptores que cometen hoy las desapariciones con toda impunidad.
