En 2025, México perderá, por primera vez en más de dos décadas, su capacidad de autosuficiencia en la producción de maíz blanco para consumo humano, con un déficit estimado de 600 mil toneladas, las cuales deberán importarse para satisfacer la demanda interna.De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el maíz es el cultivo más importante de México tanto en términos de superficie sembrada como de consumo interno. En 2023, la producción nacional de maíz blanco alcanzó aproximadamente 23 millones de toneladas, de las cuales cerca del 95% se destina al consumo humano. Sin embargo, el impacto del cambio climático, el encarecimiento de insumos y las fallas en las políticas de apoyo al campo han generado una importante caída en la producción en los últimos años.La dependencia de México en la importación de maíz amarillo para forraje es un problema de larga data, pero la pérdida de autosuficiencia en maíz blanco marca un retroceso significativo. Según la Secretaría de Economía, en los últimos cinco años la balanza comercial agroalimentaria ha registrado un incremento en las importaciones de granos, lo que evidencia la incapacidad del sector para satisfacer la demanda interna.En efecto, la administración 2018-2024 estableció como uno de sus objetivos estratégicos reducir la dependencia alimentaria y fortalecer la producción interna de granos básicos. Para ello, se implementaron programas como Precios de Garantía y Fertilizantes para el Bienestar, dirigidos principalmente a pequeños productores. No obstante, estos esfuerzos resultaron insuficientes.Uno de los factores críticos ha sido la falta de inversión en infraestructura agrícola. Según datos del Inegi, la tecnificación del campo mexicano sigue siendo baja: menos del 30% de la superficie cultivable cuenta con riego tecnificado, lo que limita el rendimiento de los cultivos. Otro punto clave es la falta de estrategias efectivas de financiamiento y acceso a crédito para los productores. De acuerdo con estudios del Banco de México, más del 70% de los agricultores en México operan sin acceso a créditos formales, lo que los deja en una situación vulnerable ante las fluctuaciones de precios y el impacto de fenómenos climáticos extremos.Por otro lado, el cambio climático ha sido un factor determinante en la reducción de la producción de maíz blanco. Sequías prolongadas, olas de calor y fenómenos meteorológicos extremos han afectado la productividad de los cultivos en estados clave como Sinaloa, Jalisco y Guanajuato, que son responsables de gran parte de la producción nacional.El problema se agrava con la crisis hídrica que enfrenta el país, la cual podría agudizarse aún más en 2025. En efecto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reporta una muy considerable reducción en la disponibilidad de agua para riego, lo que puede traducirse en una más prolongada tendencia de reducción de las capacidades productivas del agro mexicano.Como resultado, importar mayores cantidades de maíz blanco tendrá un impacto significativo en la seguridad alimentaria y en la economía nacional. En primer lugar, incrementará la vulnerabilidad de México ante fluctuaciones en los precios internacionales de los granos, lo cual podría intensificarse aún más de continuar la guerra entre Rusia y Ucrania.Aunado a todo lo anterior, debe considerarse que los productores nacionales deben competir con precios internacionales y subsidios en otros países, como los otorgados en Estados Unidos a través del Farm Bill. Esto genera un círculo vicioso donde la producción local se vuelve menos competitiva y la dependencia de importaciones se incrementa.Si el Gobierno busca revertir esta tendencia, es urgente una nueva política integral que incluya mayor apoyo a la tecnificación, acceso a nuevos mecanismos de financiamiento, una mucho mejor gestión del agua y medidas para mitigar los efectos del cambio climático en el sector agrícola. De lo contrario, México corre el riesgo continuar comprometiendo su seguridad alimentaria y comprometiendo, con ello, su capacidad de cumplir con el mandato constitucional que el Estado mexicano tiene en esa materia.