El Plan Nacional de Desarrollo (PND), de acuerdo con la Constitución, debe ser el documento rector de la planeación nacional. En esa lógica, debió ser una oportunidad para articular un proceso de diálogo público incluyente, para construir una visión integral del país con criterios auténticamente de Estado. Debería reflejar la inmensa diversidad y heterogeneidad que lo caracteriza, y sintetizarla en políticas integrales en las áreas de responsabilidad que establece nuestra Carta Magna. Lamentablemente no fue así.En sentido estricto, el PND debería ser la guía fundamental para el cumplimiento de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, con principios transversales como la no discriminación y la perspectiva de infancias. A la par, tendría que ser una guía técnica y plural para el futuro del país. Sin embargo, la propuesta 2025-2030, presentada al Congreso de la Unión con la mayoría oficialista, seguramente será aprobada sin cambios sustanciales.Preocupa que el PND mantenga una sola visión, excluyendo otras perspectivas igualmente legítimas y soslayando el mandato de los artículos 25 y 26 constitucionales, que exigen una planeación democrática, incluyente y sustentable. En vez de integrar diversas propuestas económicas y sociales, refuerza una narrativa oficial que ignora principios de coordinación, concertación, subsidiariedad y complementariedad, indispensables para una visión federalista.Aún más grave es que no responde al mandato de garantizar efectivamente los derechos humanos establecidos en la Constitución. Aunque prioriza ciertos programas sociales, no aborda problemas estructurales como la seguridad, la división de poderes y el fortalecimiento de la democracia, el sistema de partidos y la garantía fundamental de la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa libre. También omite la atención integral a las infancias e incorporar al Principio del Interés Superior de la niñez como uno de sus ejes rectores transversales.En medio de la crisis de seguridad pública y derechos humanos, el Plan no articula una estrategia amplia para enfrentarla. Propone fortalecer la Guardia Nacional, pero ignora el fortalecimiento de fiscalías estatales y las policías locales, así como la reintegración social de quienes viven en conflicto con la Ley. Tampoco presenta una estrategia de atención a víctimas.Si bien menciona la protección de pueblos indígenas y afromexicanos, el PND excluye a otros grupos en situación de vulnerabilidad, como personas migrantes, comunidad LGBTIQ+, personas con discapacidad y poblaciones en situación de calle. Esto revela la carencia de un enfoque de no discriminación y el desinterés por abarcar la diversidad nacional.El Artículo 26 Constitucional exige metas claras e indicadores de seguimiento, pero el Plan carece de mecanismos de rendición de cuentas y de criterios objetivos para evaluar programas sociales. Esta falta de rigor técnico deja al PND sin herramientas para asegurar su cumplimiento o corregir deficiencias.Por último, el PND 2025-2030 repite errores de sus antecesores: falta de pluralidad, carencia de evaluación y una visión reduccionista del desarrollo, sin articular la diversidad regional ni asumir la perspectiva federalista, la cual implica concretar en acciones claras los principios de la complementariedad, la subsidiariedad, la coordinación y la concertación.Debe subrayarse, sobre todo, que el PND no reconoce que venimos de un muy largo periodo de muy bajo crecimiento económico, el cual se agudizó en los últimos seis años, y evade de manera evidente la necesidad de construir un proceso de reforma fiscal integral, que permita crecer más para distribuir mejor, y distribuir mejor, desde ya, para poder crecer a un ritmo mucho mayor.En lugar de ser una oportunidad para generar un proceso profundo de diálogo y reconciliación en el país, en torno a un proyecto compartido, este PND se construyó una vez más con base en un proceso controlado, acotado y muy limitado de consulta pública; y peor aún, pareciera que se trata, otra vez, de un mero documento que permite cumplir un trámite legal; pero que no abona a construir una lógica superior de diálogo para dar cumplimiento integral a nuestra Carta Magna. Tenemos pues, un Plan de Desarrollo que no cumple con la característica de ser auténticamente nacional.
