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Desaparición forzada: responsabilidad internacional y ética de la otredad
Desaparición forzada: responsabilidad internacional y ética de la otredad
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha iniciado recientemente un proceso de investigación y rendición de cuentas dirigido al Estado Mexicano, en relación con el grave y persistente fenómeno de la desaparición forzada de personas. Este señalamiento se produce en un contexto de acumulación de pruebas, testimonios y hallazgos forenses que han sido documentados a lo largo de las últimas dos décadas, y que dan cuenta de una realidad profundamente dolorosa: México vive una crisis de derechos humanos que, en palabras del propio Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, pone en tela de juicio la legitimidad democrática del Estado, al tiempo que evidencia la ausencia de garantías efectivas de protección a los derechos fundamentales.
El uso del término “crisis de derechos humanos” no es retórico. Se trata de una categoría jurídica, ética y política que implica que el Estado ha fallado sistemáticamente en prevenir, investigar, sancionar y reparar uno de los delitos más atroces y crueles que puede cometerse: hacer desaparecer a una persona y negarse o ser incompetente en generar información sobre su paradero. Este tipo de crimen, considerado como lesa humanidad por el derecho internacional, implica además una cadena de complicidades y omisiones que atraviesa cuerpos policiales, fuerzas armadas, fiscalías, autoridades locales, estatales y federales.
Lo anterior constituye una grave violación de derechos humanos y erosiona profundamente el pacto democrático sobre el cual se funda la relación entre el Estado y la sociedad. Un Estado que no puede dar cuenta del destino de más de 100 mil personas desaparecidas, muchas de ellas jóvenes, mujeres, personas defensoras de derechos humanos o habitantes de territorios disputados por el crimen organizado, no puede proclamarse plenamente garante de la vida, la libertad ni la seguridad de su población.
Este señalamiento de la ONU elevó el debate nacional a una dimensión global, colocando el tema en el centro de la atención internacional. A partir de este momento, la intervención de organismos internacionales de derechos humanos se convierte en un elemento con peso político, jurídico y simbólico en el diseño e implementación de las políticas públicas en materia de seguridad pública y ciudadana, pero, sobre todo, de reparación del daño y garantía de no repetición.
El fenómeno de la desaparición forzada en México no puede analizarse de forma aislada. Está íntimamente relacionado con otras formas extremas de violencia y degradación humana. En el país se han localizado más de dos mil fosas clandestinas en los últimos años, lo que revela una práctica sistemática de ocultamiento de cadáveres, frecuentemente con signos de tortura o mutilación.
El uso de la desaparición forzada como método de control, castigo o eliminación física no sólo destruye vidas individuales: rompe comunidades, aniquila memorias, paraliza luchas sociales y profundiza el miedo colectivo. Las familias de las víctimas —sobre todo las madres— han sostenido durante años una lucha tenaz por la verdad y la justicia. Son ellas quienes han cavado con sus propias manos en busca de restos, quienes han marchado con las fotos de sus hijas e hijos, quienes han exigido en tribunales nacionales e internacionales el cumplimiento de sus derechos.
Frente a esta tragedia, no basta con respuestas institucionales fragmentadas. Es indispensable recuperar una ética de la responsabilidad radical frente al otro. Levinas nos invita a mirar el rostro del otro como llamado irrenunciable a nuestra humanidad más profunda. El rostro del otro, del desaparecido, de la madre que busca, del cuerpo exhumado, nos interpela y nos obliga. La ética, dice Levinas, es anterior a la política, anterior al derecho: es el fundamento de cualquier vida en común.
En este sentido, la desaparición es un desafío ético a toda la sociedad. Nos exige abandonar la indiferencia, reconocer el dolor de los otros como propio, reconstruir el tejido comunitario y generar políticas públicas que partan de la escucha, la reparación y la transformación estructural del sistema de justicia y seguridad. No hay justicia sin memoria. No hay paz sin verdad.
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