La Magna comienza a escasear en Jalisco. Desde el fin de semana, múltiples estaciones de servicio reportan problemas para surtir el combustible de mayor consumo. Distribuidores y expertos señalan que el nuevo reglamento federal para combatir el huachicol fiscal está frenando la distribución. En México, además de Pemex, operan empresas privadas que abastecen a gasolineras. Sin embargo, las nuevas disposiciones están complicando la operación de esas comercializadoras legalmente establecidas. “El Gobierno federal está parando a toda costa el huachicol fiscal. Está sentando a todos con Pemex para que vendan producto legal, pero mientras tanto, hay problemas de desabasto”, señaló un asesor del sector energético, quien pidió el anonimato.Explicó que, con el nuevo reglamento, se prohíben los llamados trasvases, una práctica común en la que el combustible importado desde Estados Unidos se trasladaba a patios intermedios para mezclarse antes de distribuirse. “Ya no permiten hacer una parada intermedia. El combustible debe llegar directamente a la estación de servicio. Eso retrasa la entrega y limita la capacidad de respuesta de los distribuidores”. Ahora deben cumplir con la trazabilidad: más permisos.El académico Nicolás García de León, de la Universidad Panamericana, coincidió en que estas medidas, aunque buscan combatir el contrabando, podrían agravar el desabasto y castigar a las estaciones que operan dentro de la ley. “El problema no está en los particulares, sino en la ineficacia del Estado para combatir el huachicol fiscal. Estas reglas trasladan responsabilidades al sector privado, pero generarán cierres temporales y aumentarán la corrupción”.Mientras tanto, la Agencia Nacional de Aduanas informa que hay siete mil carpetas de investigación que involucran a gasolineros, empresarios, transportistas y elementos de la Marina. En Jalisco, el problema tiene consecuencias visibles. “La terminal de Silos, una de las principales proveedoras de la metrópoli, cerró por no cumplir con el nuevo reglamento”, agregó el asesor. Un recorrido realizado por este medio confirmó que la escasez de la Magna afecta a varias zonas del Sur de Guadalajara. De 10 estaciones visitadas, sólo tres contaban con combustible “verde”, todas de marcas distintas a Pemex. Y los despachadores reconocieron no tener información sobre cuándo se restablecerá el suministro. “No tenemos gasolina ‘verde’ desde ayer. No nos dicen por qué ni cuándo llega. Sólo hay Premium”, comentó un empleado en una estación de López Mateos, a la altura de El Palomar. En otras, las mangueras de la Magna estaban desconectadas y el personal esperaba la pipa.La Terminal de Almacenamiento y Despacho de El Castillo, de Pemex, enfrenta saturación y precios poco competitivos, lo que desalienta a los distribuidores privados. “Con el nuevo reglamento hay más trabas y Pemex no tiene la capacidad para atender a todas las terminales. Los empresarios están topados con un precio máximo de 24 pesos por litro para la Magna, así que buscan opciones más baratas. Pero con terminales cerradas o pausadas, las alternativas son pocas”, advirtió un representante de gasolineros. “Algunas estaciones prefieren no comprar... antes que vender con pérdidas. Por eso el desabasto se remarcará”. Las recientes disposiciones fiscales del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para regular el mercado de hidrocarburos podrían tener un efecto contrario al esperado: en lugar de fortalecer el control sobre la venta de combustibles, podrían agravar el desabasto y aumentar la presión sobre las estaciones que operan dentro de la legalidad.Así lo advirtió el académico de la Universidad Panamericana (UP), Nicolás García de León Castro, quien considera que el nuevo reglamento parte de un diagnóstico equivocado y transfiere al sector privado responsabilidades que corresponden al Estado.“El Gobierno dice: ‘No quiero que consuman gasolina ilegal’, así que fiscalizo a los particulares. Pero lo que debería hacer es combatir al crimen organizado. Déjanos a los particulares vivir en paz y atiende el problema de raíz”, señaló.García de León explicó que el llamado huachicol fiscal -el contrabando o importación irregular de combustibles- no se resuelve con medidas administrativas, sino con una estrategia efectiva de seguridad. A su juicio, las autoridades pretenden resolver un problema criminal mediante controles burocráticos, lo que castiga a los empresarios formales sin frenar las redes ilícitas.“Estamos hablando de crímenes organizados, tanto los de la ordeña como los que ingresan al país gasolina de dudosa procedencia. Ese es el problema de raíz”, afirmó el especialista, quien promueve un amparo relacionado con el tema.El académico advirtió que las nuevas reglas del SAT, junto con el reciente acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), podrían generar una parálisis parcial en la distribución, pues los transportistas y distribuidores deberán cumplir con nuevos requisitos técnicos y fiscales antes de poder operar con normalidad.“Estas políticas de sobrerregulación generan medidas difíciles de cumplir, incluso para empresas formales con capacidad técnica. Eso provocará retrasos en la operación de las despachadoras y, en consecuencia, afectará el suministro”, explicó.Entre las disposiciones más complejas, mencionó la exigencia de instalar controles volumétricos en todos los puntos de la cadena de suministro: desde la fabricación hasta la venta. “Estamos llegando a cosas absolutamente ridículas. El SAT pide controles volumétricos a quien fabrica, vende o almacena hidrocarburos. ¿Qué beneficio real le representa eso al Estado?”, cuestionó.El incumplimiento de esos requerimientos podría derivar en sanciones o cierres temporales de estaciones, afectando la disponibilidad de combustibles. “Si no tienes la tecnología, vienen las multas, te cierran el tanque o te paran la operación. Eso va a paralizar parcialmente el mercado”, advirtió.Además del impacto operativo, el académico alertó sobre el riesgo de corrupción que implican los nuevos controles. Recordó que en el sector energético, cada vez que se endurecen los trámites fiscales, aumentan los incentivos para negociar con funcionarios corruptos.García de León insistió en que el problema del mercado de combustibles no está en la falta de regulación, sino en la debilidad del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales que operan el contrabando y la distribución ilegal. Voz del experto Antonio Sánchez Sierra, académico de la UdeGEn contraste con las críticas al nuevo reglamento de hidrocarburos, Antonio Sánchez Sierra, profesor del Departamento de Estudios Fiscales de la Universidad de Guadalajara, consideró que las disposiciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) no representan un obstáculo para el abasto de combustibles en el país.Aseguró que las obligaciones establecidas en la normativa, publicada recientemente en el Diario Oficial de la Federación, ya existían para los concesionarios de la paraestatal Pemex y ahora solo se extienden a otros transportistas e importadores independientes.“No considero que esto pueda llegar a afectar. Todas las obligaciones formales ya existían anteriormente, pero solo para los concesionarios de Pemex. Hoy simplemente se hacen extensivas a todos los que decidan importar o distribuir combustible”, explicó el especialista.El académico subrayó que las medidas son esencialmente formales y no implican mayores costos para los transportistas, quienes en su mayoría ya cuentan con la tecnología requerida. Indicó que la función del reglamento es principalmente de vigilancia y transparencia.“No es una cuestión perjudicial, sino un esquema de control donde el transportista reportará con la carta porte el origen y destino del combustible”, señaló.Sánchez Sierra añadió que la regulación busca combatir el huachicol fiscal, es decir, el contrabando técnico de gasolinas que afecta a las gasolineras establecidas y a las finanzas públicas.El académico enfatizó que este fenómeno no solo daña la competencia, sino también los ingresos del Estado, pues quienes trafican con combustibles irregulares no enteran los impuestos correspondientes. CT
