El abogado y académico de la Universidad Panamericana (UP), Nicolás García de León Castro, advirtió que las nuevas disposiciones fiscales impulsadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para controlar el mercado de hidrocarburos podrían tener un efecto contraproducente: relentizar el abasto de combustibles y aumentar la presión sobre las estaciones que sí operan dentro de la legalidad.A su juicio, el origen del problema no se encuentra en la falta de controles por parte de las gasolineras, sino en la ineficacia del Estado para enfrentar al crimen organizado que opera detrás del llamado huachicol fiscal."Estamos hablando de crímenes organizados, tanto los de la ordeña como los que ingresan al país gasolina de dudosa procedencia. Ese es el problema de raíz", afirmó el académico, quien actualmente promueve un amparo relacionado con la materia.García de León explicó que las nuevas normas fiscales pretenden atacar el problema desde el ámbito administrativo, pero lo hacen trasladando responsabilidades al sector privado. En su opinión, esa estrategia es errónea porque castiga a los particulares en lugar de atender las causas estructurales."El gobierno dice: no quiero que consuman gasolina ilegal, así que fiscalizo a los particulares. Pero lo que debería hacer es combatir al crimen organizado. Déjanos a los particulares vivir en paz y atiende el problema de raíz", sostuvo.A ello, dijo, también se estaría sumando la publicación del acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que, por lo menos durante la aplicación de las medidas para monitorear las pipas abastecedoras, podría afectar en las próximas semanas la distribución de los combustibles en lo que estas cumplen con las disposiciones.El académico señaló que estas políticas de sobrerregulación generan medidas difíciles de cumplir incluso para empresas formales con capacidad técnica, lo que puede provocar retrasos en la operación de las despachadoras y, en consecuencia, afectar el suministro."Estamos llegando a cosas absolutamente ridículas. El SAT pide controles volumétricos a quien fabrica, vende o almacena hidrocarburos. Imagínate que también se los pidieran a quien solo tiene un tanque de gas en su casa. ¿Qué beneficio real le representa eso al Estado?", cuestionó.Agregó que el retraso en la implementación de estos dispositivos podría derivar en sanciones y cierres temporales de establecimientos, afectando la cadena de distribución. Esa situación, advirtió, paralizaría parcialmente el mercado."Quienes se sientan afectados por este tipo de disposiciones excesivas van a provocar un retraso en la implementación de los controles. Si no tienes la tecnología, vienen las multas, te cierran el tanque o te paran la operación. Eso va a paralizar parcialmente el mercado", comentó el especialista.Además del impacto operativo, García de León alertó que este enfoque burocrático podría fortalecer la corrupción en lugar de debilitarla. Recordó que la historia reciente del sector demuestra que cuando aumentan los requisitos fiscales, también se incrementan los incentivos para negociar con funcionarios corruptos."Cuando hay más obligaciones, también hay más corrupción, porque algunos piden más dinero para 'liberar' las obligaciones. Es un ciclo que se alimenta solo", afirmó.El especialista insistió en que las autoridades deben reconocer que el verdadero problema no es la falta de controles administrativos, sino la incapacidad del Estado para enfrentar a las redes criminales que operan el tráfico de combustibles."Ya nos ha demostrado este gobierno su incapacidad para ser de tamaño empresa y precisamente recae toda la obligación de combatir el mercado ilícito de hidrocarburos en los particulares. Pero esa no es la solución. No se combate al crimen organizado con fiscalización, sino con investigación, inteligencia y aplicación de la ley", señaló.García de León subrayó que mientras las autoridades no actúen directamente contra las estructuras criminales y sus vínculos con funcionarios públicos, el mercado legal seguirá operando bajo una carga desproporcionada."No pretendas tapar el sol con un dedo. Si las propias autoridades están involucradas en la venta de hidrocarburos ilícitos, no puedes exigirle al ciudadano que corrija lo que el Estado no ha podido resolver", advirtió.En su análisis, la sobrerregulación fiscal termina por castigar a quienes cumplen, mientras los grupos delictivos continúan operando con impunidad. Por ello, insistió, el combate real al huachicol fiscal debe ser frontal, dirigido a las estructuras del crimen organizado y no a los contribuyentes."La solución no está en ultrafiscalizar a los particulares, sino en que el Estado asuma su responsabilidad y ataque el crimen organizado desde la raíz. Mientras eso no ocurra, el mercado formal seguirá enfrentando retrasos, corrupción y desconfianza", concluyó el académico. YC
