Las protestas de los familiares y estudiantes, en memoria de los 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, llegaron ayer al Senado de la República, donde se aprobó en lo general el dictamen para militarizar la Guardia Nacional, algo a lo que se oponen rotundamente.“¿Por qué darle más poder a una institución que viola los derechos humanos así como lo hizo cuando desapareció a nuestros hijos?”, cuestionaron los manifestantes el segundo día de marchas en la Ciudad de México.Padres y normalistas consideran que las instituciones militares llevan años obstruyendo el desarrollo de las investigaciones para dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.“Es peligroso para el país empoderar a una institución que transita en la opacidad y que no rinde cuentas ante nadie”, afirmó el portavoz de las familias, Vidulfo Rosales.Durante un encuentro frente al Senado con participación de más de 20 oradores, los padres y madres de los 43 desaparecidos acusaron a los militares de “no brindar la información para que pudiéramos avanzar en el caso. Hemos reiterado que el Ejército, entre sus archivos, oculta la verdad de esos ochocientos folios que hacen falta hoy”.Los reclamos también fueron directos al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quienes acusan de mentir sobre el caso y de no avanzar en la investigación de los hechos para encubrir al Ejército y darle más poder en temas de seguridad, administrativos y económicos, como el traspaso de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas o la administración de obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ubicado en Santa Lucía.“Las investigaciones avanzaron hasta el año 2022 que fue la curva máxima a la que llegó el caso Ayotzinapa. Después de ahí, en el momento en que fueron canceladas 16 órdenes de aprehensión contra agentes del Ejército Mexicano, el caso Ayotzinapa se vino en picada, llegando al punto en el que hoy nos encontramos, sin avances”, denunció Vidulfo Rosales.En 26 camiones, cientos de personas de 10 Escuelas Normales Rurales bloquearon el avance de los vehículos en Paseo de la Reforma. Con el puño en alto caminaron hacia al Senado y formaron una valla humana para iniciar su encuentro público.Al finalizar los discursos, normalistas lanzaron explosivos contra la sede del Senado, que detonaron causando daños materiales. Uno de los petardos lesionó del ojo derecho a Lucía Trasviña, legisladora de Morena.El Senado previamente se pertrechó con vallas metálicas para evitar la entrada de personas ajenas a la Cámara Alta, así como minimizar los daños por las protestas de la oposición política y civil contra la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.Tras las marchas de días anteriores donde, entre otros incidentes, se lanzaron explosivos a la sede de la Secretaría de Gobernación, hoy continuarán las manifestaciones, y se espera que mañana, día del Aniversario 10 del hecho, haya una marcha multitudinaria del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México.No se sabe cuál es el destino de los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.Se desconoce si fueron asesinados, aunque así lo consideró en su momento el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) en una “verdad histórica” posteriormente desmentida. Sin embargo, sólo se han encontrado fragmentos óseos de tres de los 43 estudiantes desaparecidos.Se sabe que mandos militares tuvieron nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos, relacionado con la desaparición de los normalistas, y algunos participaron en los hechos delictivos de 2014. El Ejército no ha revelado la información, supuestamente registrada en 800 folios. Hay más de 100 detenidos y decenas de procesados por el caso, pero no hay sentenciados. Suman seis funcionarios acusados de encubrir el presunto crimen, entre ellos el ex procurador Jesús Murillo Karam, pero no hay castigos. Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, a quien se vio en varios videos interrogando y amenazando a detenidos, está refugiado en Israel. En el décimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la escuela luce un ambiente de luto y los estudiantes se saben herederos de una lucha demasiado cercana para ser olvidada en un caso que conmocionó a México y que sigue sin resolver.Esta pequeña comunidad educativa, ubicada en Guerrero, realiza en septiembre las jornadas de protesta en memoria de los compañeros que en 2014 desaparecieron en violentas circunstancias, sin dejar más rastro que el que apunta a unos autores que con el paso de los años permanecen sin ser condenados.“Con lo acontecido, pues sí es un nerviosismo pensar en qué momento puede volver a pasar. ¿Qué tal si este año soy yo? ¿Y si es uno de mis compañeros? Siempre supone nerviosismo estar aquí, pero es un orgullo pertenecer a esta escuela”, afirma el estudiante de primer año Federico Vázquez.Como él, todos los primerizos lucen sus cabezas rapadas en respuesta a una tradición: en la escuela ingresan todos en igualdad de condiciones y poco a poco su pelo crecerá como crece el caparazón de una tortuga, símbolo de Ayotzinapa, más duro y moldeado que cuando entró.Los normalistas siguen una férrea disciplina, mantienen medidas de seguridad en la entrada y salida del recinto y, además, son instruidos desde el principio en los ideales socialistas y de lucha contra el Estado, al que consideran responsable del destino de sus 43 compañeros desaparecidos. “A los padres de familia nunca se les va a dejar solos”, dicen los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.Los alumnos son en su mayoría de origen humilde, hijos de campesinos sin recursos que son acogidos en una institución pensada para su perfil. Tiene comedor, zonas de descanso y para muchos incluso dormitorios. Allí no tardan en aprender lo ocurrido con sus compañeros desaparecidos, entran en contacto con sus familiares y se les enseña a seguir con una lucha que, según afirman, seguirá hasta que vuelvan vivos los 43. Todo el recinto está repleto de murales e imágenes que invocan la lucha de las clases más humildes y reivindican un pasado revolucionario en México, como el de Lucio Cabañas, maestro y combatiente del Estado de Guerrero, cuya imagen está presente en cada rincón de la escuela donde el movimiento social es parte de la instrucción.Desde hace 10 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha colaborado con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, en su búsqueda mediante la activación de distintos mecanismos.La CIDH encabeza a los organismos internacionales que en los últimos días han elevado las voces de reclamo por la falta de respuesta del Gobierno.La primera decisión que tomó el organismo internacional fue adoptar la medida cautelar MC-409/14 para la búsqueda de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, la atención de los estudiantes sobrevivientes de los ataques registrados en su contra el 26 y 27 de septiembre de 2014, y la adopción de las medidas concertadas con las familias y representantes para la atención de los hechos.Además, la CIDH y el Estado mexicano instalaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con la finalidad de brindar asistencia técnica y coadyudar con las autoridades encargadas de la procuración de justicia en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos.Asimismo, el organismo internacional también creó el Mecanismo Especial de Seguimiento del Caso Ayotzinapa (MESA) que emitió tres informes de seguimiento del asunto, con sus respectivas recomendaciones. “No hemos estado a favor de ningún Gobierno político porque sabemos que son políticos burgueses, que no están a favor del pueblo y hasta que un partido esté a favor de los pobres, un partido que se haga llamar ‘Partido de los Pobres’, hasta ahí”, explicó Fabián González, uno de los principales líderes del movimiento estudiantil que forma la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.Dijo que el Presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador y su Gobierno no son bien vistos por los líderes estudiantiles. En las marchas del país las consignas e imágenes critican al Gobierno y su supuesta ocultación de la participación de militares.Agencias Françoise Greve, coordinadora de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México que se pronunció hace unos días por el tema, resaltó que el Gobierno “tiene una deuda de verdad y justicia no sólo con las familias de los 43 de Ayotzinapa, sino con familiares de los 115 mil desaparecidos en México. CT
