Jorge tiene ocho años. Cuando sale de la escuela trabaja como ayudante en un taller automotriz ubicado en Guadalajara. Además de llevar herramienta a sus compañeros mayores de edad, aprieta los birlos de las llantas con una pistola de aire comprimido. A veces lo mandan en bicicleta a comprar comida. También cambia filtros de aire, calibra bujías y hace labores de limpieza. En ocasiones debe sacar gasolina de los autos con la ayuda de una manguera. El combustible “ordeñado” le sirve para “lavarse las manos”. De otra forma no se puede quitar el aceite. Dice que siente fresco cuando se pasa la estopa, aunque no le gusta el olor. Le pagan 500 pesos a la semana.Manuel, de 10 años, labora con Aurelio, que tiene 40 años de experiencia como albañil. Poco a poco ha aprendido a hacer “la mezcla”, aunque todavía no puede cargar con una mano firme la cuchara de cemento mientras se sube a una escalera. Dice que mover los ladrillos le reseca las manos y a veces le sale sangre. Por esta labor le dan mil pesos semanales. Quiere aprender un “oficio” para estudiar y ganar dinero para apoyar a sus padres. No son los únicos. Ayer, en el cruce de las avenidas Patria y Guadalupe, este medio observó a cuatro menores que bajo un sol punzante limpiaban los parabrisas de los automóviles que esperaban el siga. Lo hacían a pesar de las señas de los conductores, que les pedían no aventar el chorro de agua enjabonada y subirse a los cofres. Ellos evadían sus palabras y les respondían que “para la otra”. Cada vez se obliga a más niños a trabajar por la mala situación que viven algunas familias. Esto ocurre pese a que la Ley Federal del Trabajo prohíbe esta práctica. Y además, va en aumento. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), si bien en 2019 se documentó que había 181 mil trabajadores de cinco a 17 años en el Estado, en 2023 la cifra aumentó a 281 mil. María Antonia Chávez Gutiérrez, investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), explicó que este tipo de explotación laboral, porque los padres no pueden obligar a los niños a encargarse del sustento diario, creció por la crisis económica que provocó la emergencia sanitaria por el COVID-19. “Muchos trabajos se vinieron abajo durante la pandemia y los niños de pronto tuvieron que salir a buscar el alimento, los ingresos para la familia”. Ricardo Fletes Corona, también académico de la casa de estudios, destacó que además hay un subregistro debido a las omisiones de las autoridades. “Nos revela una desatención, porque en la Constitución se dice que las autoridades son las responsables de velar por la seguridad, tranquilidad y buen desarrollo de las niñas y niños”. Fletes Corona agregó que tampoco se contabiliza de forma adecuada el trabajo doméstico que llevan a cabo algunos menores, principalmente en cuanto al cuidado de los hermanos más pequeños. Los niños laboran en las calles, supermercados, construcciones, en el campo, restaurantes y puntos turísticos. También en negocios de comida ubicados en la vía pública, lo que también los pone en riesgo. Los dos especialistas mencionados y José Gallegos, quien es director del Centro de Investigación y Documentación para la Infancia Callejera, lanzaron propuestas para que se combata el problema. Entre estas están garantizar una educación inclusiva y de calidad para evitar el abandono escolar; lograr la equidad de género y empoderar a las niñas; promover la responsabilidad familiar compartida en el trabajo de los hogares; mejorar las condiciones de pobreza social y reducir la desigualdad; promover la especialización de inspectores en trabajo infantil; fortalecer la coordinación interinstitucional con el sistema de protección de derechos; erradicar la tolerancia de actividades peligrosas en contextos familiares; reforzar la capacidad institucional del Estado para aplicar las sanciones previstas en la legislación; e implementar políticas públicas de bienestar social que mejoren la calidad de vida de los niños y para restituir integralmente el goce de sus derechos.La Dirección de Derechos de la Niñez del DIF Guadalajara detectó que en las calles del municipio hay al menos 513 menores de edad que, aunque no adoptan la calle por completo en su forma de vida, se encuentran en las vialidades mientras trabajan o desarrollan “alguna otra actividad”.Por otra parte, el Observatorio Nacional de Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes por Parte de la Delincuencia Organizada advirtió desde el 2022 por el uso de menores de edad por parte del crimen organizado. Un estudio elaborado por ese organismo detalló que los utilizan para realizar actividades como “halconeo” (avisar ante la movilidad policíaca), “mulas” (encargados de mover drogas de un lugar a otro, suele ser un papel altamente riesgoso), narcomenudista y hasta sicariato (asesinos a sueldo).“El crimen organizado ve en ellos un recurso humano, manipulable, prescindible, de bajo costo y cuya ausencia en la actividad criminal no afecta la operación ni la estructura delictiva”, se acentuó en el documento. CT
