La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó este viernes su preocupación por los acontecimientos ocurridos el 19 y 20 de marzo de 2025 en el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, donde se realizaron diligencias para esclarecer los hallazgos relacionados con personas desaparecidas en el predio utilizado como campo de adiestramiento por parte del crimen organizado.Aunque las diligencias fueron ordenadas por la Fiscalía General de la República, a voz de su titular, Alejandro Gertz Manero, fue a través de un comunicado emitido este viernes que la CNDH hizo un llamado urgente a las autoridades de Jalisco para preservar adecuadamente las evidencias y garantizar que la investigación se realice dentro del marco legal y sin alteraciones.La CNDH señaló que, durante las diligencias, las visitas de observación y reconocimiento llevadas a cabo por sus visitadores y peritos en coordinación con la Fiscalía del Estado de Jalisco, se observaron serias irregularidades. Entre ellas, destaca la participación de aproximadamente 200 personas, incluidos colectivos de madres buscadoras, organizaciones civiles, y más de 60 medios de comunicación, quienes accedieron al predio sin seguir los protocolos de resguardo establecidos. "Se rompió el cerco de protección, comprometiendo la investigación y la búsqueda", advirtió la CNDH en su comunicado.La Comisión resaltó la importancia de mantener la cadena de custodia de los elementos encontrados en el sitio. Esta, según la CNDH, es una obligación de las autoridades para garantizar la legalidad de los hallazgos y su eventual presentación como prueba ante los tribunales. En este sentido, se recordó que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas exigen que las diligencias se realicen con la mayor rigurosidad para evitar violaciones a los derechos humanos.A la par de su preocupación por los hechos en el terreno, la CNDH también expresó su alarma por el manejo "alarmista y confuso" de la información en torno al caso. La Comisión puntualizó que este tipo de narrativas no sólo obstaculizan el esclarecimiento de los hechos, sino que también revictimizan a los familiares de las personas desaparecidas. "La participación de los familiares debe llevarse a cabo conforme a los protocolos establecidos", insistió la CNDH, para evitar que sus derechos al acceso a la justicia y la verdad se vean comprometidos.La CNDH también hizo un llamado a las autoridades responsables de la investigación, así como a las organizaciones de la sociedad civil, para que se respete el derecho a la verdad y a la justicia. En su mensaje, subrayó que el respeto a las áreas de procesamiento y la correcta custodia de las evidencias son fundamentales para que el caso pueda judicializarse de manera efectiva, y para que los responsables rindan cuentas ante la justicia.A lo largo de las dos jornadas de observación, afirmó la CNDH, como organismo defensor no solo ofreció orientación a los familiares de las víctimas, sino que también contribuyó con su experiencia técnica y jurídica a la investigación en curso. La intervención de los visitadores adjuntos y peritos especializados tiene como objetivo garantizar que los derechos fundamentales de las personas sean respetados, y que no se repitan violaciones a los mismos durante el proceso.Por último, la CNDH destacó la importancia de garantizar la transparencia en el manejo de la información pública sobre el caso. La Comisión instó a las autoridades a mantener un registro detallado de todos los actores involucrados en la cadena de custodia y de los hallazgos encontrados en el predio. "Fomentar acciones coordinadas es la mejor manera de garantizar el esclarecimiento de estos hechos graves", concluyó la Comisión Nacional. YC
