Este martes prestadores de servicios turísticos, empresarios, comerciantes y transportistas se manifestaron contra el nuevo impuesto federal contra los cruceros.Alrededor de un centenar de personas se manifestaron afuera de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA de Puerto Vallarta) en contra del nuevo impuesto de 42 dólares por pasajero que se pretende cobrar a los turistas a partir de enero del 2025.La regidora Melissa Madero explicó que este impuesto afectará a decenas de familias que viven de los turistas que arriban en estos cruceros.“Estamos hablando de cientos de familias que viven de ahí entre transportistas, guías de turistas, los comerciantes que están dentro de esa concesión y de empresas grandes y pequeñas”, comentó la regidora.Añadió que con este nuevo impuesto también se ponen en peligro las negociaciones que se tienen para el 2025 y el 2026. Para la temporada del 2024 se negociaron 137 cruceros.Agregó que el incremento también afectará los ingresos a las arcas federales y la derrama en el puerto ya que cada crucero paga entre 650 mil y 800 mil pesos. Además de los 119 dólares que gasta en promedio cada crucerista en este destino turístico.Con el incremento al impuesto las navieras pueden redireccionar sus destinos y sus negociaciones de ventas y estrategias comerciales para los próximos años podrían llegar a otros“Por esto ellos pueden decidir cambiar sus rutas, tenemos proyectados 135 cruceros para el 2025 son negociaciones que ya estuvieron hechas”, añadió la regidora del partido Futuro.De acuerdo con la funcionaria el puerto recibe cerca de medio millón de cruceristas al año.La reciente aprobación del impuesto en la Cámara de Diputados y que podría ser ratificada por el Senado este martes, ha generado una ola de protestas en las comunidades portuarias de México. Esta medida, que impone un impuesto adicional de 42 dólares por pasajero a partir de enero de 2025, ha levantado alarmas entre los actores del sector turístico, que temen sus devastadoras consecuencias para la economía local.“Este impuesto podría resultar catastrófico para las miles de familias que dependen del turismo de cruceros en México. En nuestro puerto, esta medida elevaría el costo de los cruceros un 213% en comparación con el promedio de otros puertos del Caribe, lo que pondría a México fuera del mercado”, destacó Madero durante la protesta.La regidora hizo un llamado urgente a los ciudadanos y autoridades locales para que exijan a los legisladores, senadores y a la presidenta, que frenen esta medida antes de que entre en vigor y realmente se analice bien.“Las líneas de cruceros ya están reconsiderando sus rutas, lo que podría poner en peligro más de mil millones de dólares en inversiones previstas para proyectos de infraestructura turística, programas sociales y empleo local”, explicó.A pesar de las protestas y el rechazo en varios sectores, el Gobierno Federal aún no ha emitido una postura oficial respecto a las peticiones de modificación. Los afectados continúan movilizándose en busca de una solución que balancee las necesidades fiscales con la realidad económica de las comunidades costeras.Con la implementación de esta legislación programada para el 1 de enero de 2025, el tiempo apremia. “El bienestar de miles de familias mexicanas está en juego. Es nuestra responsabilidad garantizar que se tomen en cuenta los intereses de las comunidades locales antes de aprobar una legislación que podría tener efectos irreversibles”, concluyó la regidora.NA
