La revelación de las sanciones internas impuestas por la Universidad de Cornell a siete estudiantes acusados de agresión sexual explica la reciente intervención de la gobernadora Kathy Hochul. Conocer estas medidas permite entender por qué el caso pasó de un archivo local a una investigación estatal prioritaria hoy.Los hechos se remontan al 19 de octubre de 2024, cuando una estudiante de 20 años, identificada en los documentos judiciales como Jane Doe, asistió a la residencia de la fraternidad Chi Phi en Ithaca, Nueva York. Según la demanda civil presentada en septiembre de 2026, la joven consumió ketamina bajo presión y experimentó agresiones sexuales por parte de múltiples individuos mientras se encontraba incapacitada para dar su consentimiento.Tras la denuncia inicial en noviembre de 2024, la policía universitaria remitió un informe a la fiscalía del condado de Tompkins. Las autoridades locales declinaron presentar cargos penales en ese momento, lo que derivó en un proceso disciplinario interno gestionado por la institución educativa bajo los lineamientos del Título IX, la ley federal de derechos civiles.Un panel de tres personas evaluó las pruebas y determinó distintos niveles de responsabilidad para los siete señalados. Los documentos de la investigación revelan que dos de los estudiantes fueron hallados responsables de agresión sexual y recibieron la expulsión definitiva del campus, al concluirse que manipularon a la denunciante para beneficio propio.Otros dos alumnos enfrentaron suspensiones temporales de entre tres semestres y dos años, acompañadas de libertad condicional disciplinaria. A estos individuos se les ordenó mantenerse alejados de la demandante, completar módulos educativos sobre acoso sexual y redactar documentos de reflexión sobre sus acciones durante la noche de los hechos.Para los estudiantes restantes, las medidas incluyeron órdenes de no contacto y la prohibición de ingreso al campus por tres años para un alumno que ya se había graduado al momento de la resolución. La exigencia de escribir ensayos como parte de las medidas de mitigación generó atención pública tras la presentación de la demanda civil.El desarrollo del proceso interno contrastó con la inacción penal inicial. Registros recientes indican que el departamento de policía del campus omitió incluir en su resumen para la fiscalía una declaración jurada de seis páginas donde la estudiante afirmaba con total seguridad haber sido víctima de una violación.La demanda civil detalla que la agresión se prolongó durante varias horas y que uno de los acusados envió un mensaje a través de la aplicación Snapchat al grupo de miembros activos de la fraternidad. Esta comunicación invitaba a otros residentes a subir a la habitación donde se encontraba la joven.La falta de acceso a las transcripciones completas de las entrevistas por parte del fiscal local impidió una evaluación exhaustiva de las pruebas en 2024. La policía universitaria notificó posteriormente sobre nuevas entrevistas a testigos, pero la fiscalía declinó revisar la evidencia adicional en esa instancia.La presentación de la demanda civil de 101 páginas en septiembre de 2026 modificó el curso legal del incidente. El documento exige responsabilidades a los siete exalumnos, a la fraternidad, a la hermandad de la demandante y a la propia universidad por presuntas fallas en sus protocolos de protección.Ante la difusión de los documentos y las discrepancias en el manejo de la evidencia, el gobierno estatal ordenó reabrir la investigación. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, asumió el control del caso para determinar si existen elementos suficientes que justifiquen la presentación de cargos criminales ante un gran jurado.Esta nota fue creada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de The New York Times. ***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp***OB
