Un fallo reciente del juez federal Theodore Chuang, en Maryland, ha impuesto restricciones a la administración Trump en cuanto a la realización de arrestos por inmigración en lugares de culto pertenecientes a tres comunidades religiosas: los cuáqueros, la Comunidad Bautista Cooperativa y el Templo Sikh. La decisión judicial responde a una demanda interpuesta por estos grupos, quienes sostienen que la política migratoria de 2025 vulnera sus derechos constitucionales y obstaculiza el ejercicio libre de su fe.El tribunal ha ordenado que se restablezcan las protecciones contempladas en un memorando de 2021, emitido durante la administración de Joe Biden, el cual limitaba las acciones de control migratorio en ciertos espacios protegidos, tales como escuelas, hospitales y lugares de culto.Según lo establecido en la resolución, la aplicación de la política migratoria de 2025 ha resultado en una disminución significativa de la asistencia a las reuniones religiosas de estas comunidades. Chuang concluyó que esta situación afecta negativamente el ejercicio de la religión de los demandantes, pues restringe la posibilidad de congregarse en un entorno diverso y numeroso, lo cual es esencial para sus creencias.El juez Chuang, designado por el expresidente Barack Obama, determinó que la política migratoria de 2025 representa una "carga sustancial" sobre la práctica religiosa de los grupos demandantes. El tribunal detalló que la presencia de agentes armados en los templos y la posibilidad de detenciones han generado un clima de temor entre los asistentes, incluidos aquellos con estatus migratorio legal, quienes temen ser confundidos con personas en situación irregular.Este ambiente de intimidación ha reducido la participación en los servicios religiosos, afectando el corazón de las prácticas comunitarias de estas confesiones. En su fallo de 59 páginas, Chuang argumentó que las medidas implementadas por el gobierno "obligan efectivamente" a estas comunidades a alterar su comportamiento, restringiendo su derecho a practicar la fe en un entorno congregacional diverso y abierto. De acuerdo con el juez, esto supone una violación de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, así como de la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa, que protege a las prácticas religiosas de la injerencia gubernamental.Durante la administración de Joe Biden, el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, emitió un memorando en 2021 que establecía restricciones a las acciones de control migratorio en sitios considerados de especial protección, como templos, hospitales y centros educativos. La directriz buscaba evitar que operativos migratorios interrumpieran actividades religiosas y comunitarias.Sin embargo, la administración Trump eliminó esta política en su primer día en funciones, argumentando que no era necesario fijar límites específicos para la aplicación de las leyes de inmigración. Desde el Departamento de Seguridad Nacional, se justificó la decisión señalando que "los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados". En un comunicado, la administración expresó su confianza en que los agentes encargados del orden actuarán con "sentido común" al decidir dónde realizar detenciones. Entre los grupos demandantes se encuentran los cuáqueros, representados por seis reuniones de la Sociedad Religiosa de los Amigos. Para esta comunidad, que practica su fe en Estados Unidos desde el siglo XVII, la asistencia a las reuniones es un elemento esencial de su culto, por lo que la reducción en la congregación afecta directamente su capacidad de ejercer la religión de manera plena.La Cooperative Baptist Fellowship, que agrupa a más de mil 400 iglesias en 37 estados, así como en el Distrito de Columbia y Puerto Rico, también se ha visto perjudicada. Muchas de sus congregaciones cuentan con un alto porcentaje de inmigrantes entre sus miembros, y algunas desarrollan ministerios enfocados en apoyar a refugiados y migrantes, lo que las convierte en comunidades especialmente vulnerables a la aplicación de medidas migratorias en sus espacios de culto.Por otro lado, el Templo Sikh, ubicado en las cercanías de Sacramento, California, también ha experimentado el impacto de la política migratoria. Documentos judiciales indican que aproximadamente la mitad de su congregación está compuesta por inmigrantes. Sus representantes han señalado que el tamaño y la diversidad de su comunidad son fundamentales para la práctica del sijismo, y que las acciones de control migratorio han limitado su derecho a congregarse libremente.La orden judicial de Chuang, si bien impone restricciones a la administración Trump, tiene un alcance limitado, ya que solo aplica a los lugares de culto que sean propiedad de los demandantes o utilizados por ellos. No obstante, la decisión representa un precedente importante en la protección de los derechos religiosos frente a las políticas migratorias, al reconocer que el ejercicio de la fe puede verse afectado por la intervención gubernamental en estos espacios.BB
