Estados Unidos denunció ayer en su informe anual de derechos humanos que México dejó sin investigar ni enjuiciar la mayoría de casos criminales como homicidios, torturas, secuestros, trata de personas y extorsiones, por lo que los niveles de violencia y explotación en el país se mantuvieron altos.Así se desprende del informe del Departamento de Estado estadounidense que, en esta edición, sitúa entre los principales problemas del país en materia humanitaria a los homicidios, la tortura, las detenciones arbitrarias, el narcotráfico, la violencia de género y la violencia contra el colectivo LGTBIQ+, entre otros aspectos.La publicación concluye que no ha habido “cambios significativos” en la situación de derechos humanos en México y específica que, en muchas partes del país, las organizaciones dedicadas al tráfico de personas continúan actuando con connivencia con las autoridades locales.De hecho, organizaciones internacionales y medios de comunicación informaron de casos de persecución a migrantes y solicitantes de asilo por parte de grupos delictivos y en algunos casos también por parte de la policía, funcionarios de inmigración y agentes de aduanas.Por otro lado, el informe destaca que la libertad de expresión padece “serias restricciones” en el país porque durante el año continuó “el descrédito oficial” a los periodistas, ya que diferentes políticos, entre los que se incluye al mismo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los desacreditaron y criticaron públicamente por “parciales, partidistas y corruptos”.Las acusaciones de abusos sexuales cometidos por las autoridades durante detenciones y encarcelamientos es otro de los temas expuestos en el texto, en el que se resalta el hecho de que el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual contra Mujeres cuente con nuevas directrices desde marzo de 2023.Una de las alabanzas que recoge el informe en este ámbito es la detención por parte de las autoridades del ex director de la Policía Judicial de Puebla, Adolfo Karam, acusado de torturar a la popular periodista Lydia Cacho, por poner al descubierto en 2005 la implicación del ex gobernador de dicho Estado, Mario Marín, en una red de trata sexual de menores.Aunque el reporte puntualiza que, en general, el Gobierno tomó medidas para “identificar y castigar” a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos, también recoge las denuncias de algunas organizaciones que trabajan en el terreno y que aseguran descréditos a su trabajo por parte de autoridades mexicanas.El Universal El año pasado, la publicación del informe, que también cuestionaba el tema de la libertad de expresión y advertía de reportes creíbles sobre homicidios arbitrarios por parte de policías, militares y otros funcionarios, desató una reacción encendida del Presidente Andrés Manuel López Obrador.El Mandatario aseguró entonces que el reporte no eran sino puras calumnias, y lo tachó de injerencista.“En el Departamento de Estado no cambian. Es una política añeja, anacrónica, de querer meterse en la vida pública de otros países. ¿Con qué derecho? Es una violación flagrante al derecho internacional”, expresó el Mandatario en su momento. Calificó el informe de “bodrio… no hay sustento, utilizan la calumnia”.El Presidente rechazó que en su Gobierno se hayan cometido torturas o masacres y aseguró que en México se “garantiza la libertad de expresión, no se persigue a nadie, no se reprime a nadie”. Telón de fondoEl careo durante la audiencia fue brutal. De un lado, un agente de la Fiscalía General de Justicia de Baja California aseguraba a la jueza que Denís Chávez Mariscal mentía, que él no la torturó.Detrás de las rejas, vestida con la ropa gris del penal de Ensenada, Denís Chávez le respondió, señalándolo enfurecida: “Si tú estuviste ahí me tuviste que haber escuchado ¿O tú fuiste uno de los que me golpeaste?”, gritó ese 29 de abril de 2022.Por unos instantes -sólo por esos instantes- el agente pasó de acusador a acusado.Ya desde 2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos había entregado a la Fiscalía los nombres de agentes involucrados en la tortura sexual a Denís Chávez, todos integrantes de la Unidad antisecuestros, pero ellos no eran motivo de esta cita en el juzgado. En ese careo, la persona a juicio era Denís Chávez, acusada de participar con otras doce personas en el secuestro de una mujer en Ensenada. No ese hombre o alguno de los agentes involucrados en torturarla sexualmente ocho años atrás, cuando fue llevada a declarar ante el Ministerio Público. A pesar de avances en las leyes, en México la tortura rara vez se castiga.Fue hasta más de un año después de esa audiencia, en septiembre de 2023, que la jueza Martha Flores Trejo puso en libertad a Denís Chávez, absuelta por falta de pruebas. “La suscrita tiene a bien determinar que se acredita la existencia de tortura física y psicológica”, estableció además en su sentencia. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos festejó su liberación con un comunicado; sus expertos habían insistido en la revisión del caso desde 2019. Denís Chávez pasó nueve años y seis meses en prisión, la infancia completa de su hija. CT
