Las declaraciones públicas de la más alta institución judicial de los Estados Unidos, la Corte Suprema, son raras, haciendo de las pocas que hacen, momentos importantes en la política del país. Esta vez es el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, un republicano nombrado a su puesto por George W. Bush en 2005, que habló al nombre de la Corte. En su declaración pública, el juez de la más alta institución del país en el dominio jurídico aseguró que el presidente estadounidense, Donald Trump, en este caso, no estaba calificado para pedir la destitución de un juez federal. Esta declaración oficial ocurrió pocas horas después de que el presidente Trump lanzara uno de sus ataques más directos hasta la fecha contra el poder judicial estadounidense, pidiendo el «impeachment» de James Boasberg, juez federal de Washington.Hace varias semanas que la Administración Trump y el sistema jurídico están en guerra sobre las numerosas decisiones tomadas por el presidente o por el dirigente del DOGE, Elon Musk, para remodelar todo el funcionamiento federal del país. Esta guerra se vio de manera clara, este martes 18 de marzo, cuando Donald Trump ha lanzado uno de los ataques más directos que hizo hasta ahora contra uno de los poderes del equilibrio democrático, el judicial, al exigir el «impeachment» de un juez federal. Esta demanda del presidente vino después de que el magistrado ordenara la suspensión de una espectacular operación de deportación de migrantes.El juez supremo, John Roberts, declaró que hace “más de dos siglos, se ha establecido que el juicio político no es una respuesta adecuada al desacuerdo con una decisión judicial”. Entonces, mismo si no nombró directamente al presidente Trump, se puede ver una respuesta a su declaración polémica. A esto, la Corte Suprema agregó que “para eso existe el procedimiento de recurso ordinario”. El juez federal James Boasberg fue llamado a pronunciarse en urgencia el sábado pasado sobre un caso que sucedió en la ciudad de Washington. En urgencia, él ordenó la suspensión durante catorce días de todas las expulsiones de inmigrantes decididas por la Administración Trump sobre la base de una ley excepcional del siglo XVII. Sobre todos los inmigrantes que tenían que ser deportados, unos 200 presuntos miembros de una banda venezolana estaban a puntos de ser enviados a El Salvador, lo que el juez detuvo. En su red, Truth Social, el presidente estadounidense declaró “este juez, como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, debería ser destituido”. Según él, este juez trata de detener las voluntades de Trump mientras “la lucha contra la inmigración ilegal puede haber sido la razón número uno” de su victoria presidencial en noviembre. A esto, Trump agregó: “solo hago lo que me pidieron los votantes”. El presidente de Estados Unidos se apoyó sobre una ley de 1789 que permite detener y expulsar a los “enemigos extranjeros” en tiempo de guerra. El republicano trata de aplicar esta ley en tiempos de paz para justificar todas las expulsiones anteriores y futuras. Para justificar que la decisión se aplicó a pesar de la actuación del juez, la Administración Trump argumentó que los aviones ya habían despegado hacia El Salvador e incluso abandonado el espacio aéreo estadounidense cuando el juez emitió su resolución escrita. El juez pidió una audiencia este lunes para pedir más respuestas de parte del Gobierno, considerando sus argumentos como poco fiables. Desde su regreso a la Casa Blanca, el último 20 de enero, Donald Trump emitió numerosas órdenes ejecutivas que fueron impugnadas ante los tribunales, y a menudo suspendidas, por jueces federales que consideran que el presidente estadounidense se excede en sus prerrogativas. Por su parte, Trump sostiene que son los jueces los que se salen de sus funciones para impedirle aplicar su programa, en particular en materia de inmigración y reforma presupuestaria.Según el presidente estadounidense, el juez James Boasberg “no fue elegido presidente”, describiéndolo como “un izquierdista radical desquiciado, alborotador y agitador desgraciadamente nombrado por Barack Hussein Obama”. Mismo si no es la primera vez que Donald Trump, primer presidente de Estados Unidos condenado al penal, ataca a la institución judicial, esta vez nombró directamente a un juez. La constitución estadunidense define que los jueces federales son nombrados por los sucesivos presidentes del país. De forma procedural, estos jueces pueden ser destituidos, pero solo la Cámara de Representantes puede lanzar este procedimiento. Mismo después de haber sido iniciada el procedimiento, necesita un juicio y un voto del Senado por mayoría cualificada. Todo eso hace que sea muy raro que suceda una destitución de un juez federal en un país demasiado polarizado. Poco tiempo tras la declaración del presidente del país en su red social, Brandon Gill, un republicano del Estado de Texas, declaró que el procedimiento de destitución se empezaría “muy pronto”. El último procedimiento de destitución que funcionó data de 2010. Durante el primer mandato de Donald Trump, en 2018, John Roberts, presidente republicano de la Corte Suprema, ya salió de su reserva para afearle al presidente republicano que volviera a acusar a un juez de partidista. «No hay jueces pro-Obama, ni pro-Trump, ni pro-Bush, ni pro-Clinton», subrayó en un comunicado. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *TS
