I.- Grabé con mi celular el momento en que, durante la protesta para exigir agua limpia en Guadalajara, detuvieron a Samuel Morales Navarro, de 24 años, repartidor de plataforma que iba en su motocicleta con una mochila de Rappi.Apenas 50 minutos antes de su arresto, filmé a Samuel frente a Casa Jalisco, a bordo de su moto. Con su mochila en la espalda, dio dos vueltas frente a los granaderos mientras era vitoreado: “El Rappi, el Rappi”. Después se alejó. Jamás lo vi agredir o lanzar algún objeto.En los minutos siguientes, los granaderos avanzaron en bloque hasta Manuel Acuña y Rubén Darío, lo que replegó a los manifestantes. Era la recta final de la marcha. Estaba por retirarme cuando ocurrió la detención arbitraria de Samuel.II.- Los policías rompieron filas y corrieron tras los manifestantes para atraparlos.Un grupo de antimotines se dirigió hacia la esquina de Manuel Acuña y Santo Domingo. Llegaron directamente hasta Samuel y lo derribaron de su moto, a pesar de que estaba alejado del grupo de protesta. Comencé a grabar el hecho a las 14:39 horas.De pronto, había unos diez granaderos encima de Samuel, quien se resistió al arresto entre golpes, patadas y forcejeos. Un policía abordó la motocicleta de Samuel y se la llevó. No supe más de él hasta ayer.III.- Hablé con Claudia Morales, madre de Samuel. Me contó que su hijo compró la moto en 13 mil pesos y trabajaba desde marzo pasado en varias plataformas para apoyarla durante su enfermedad, pues lucha contra el cáncer de mama.“Mi hijo sacó esa moto para ponerse a trabajar por mi diagnóstico de cáncer y ahora dicen que él no traía pertenencias, ni celular ni nada; ya hicieron perdedizos celular, moto, mochila y casco”, me relató. Eso le ha dicho el Ministerio Público.La señora Claudia, madre soltera, me compartió una foto de Samuel y este mensaje: “Él es mi hijo, mi amigo, mi compañero, me bañaba, hacía de comer y me curaba durante el tratamiento y mastectomía”.Hasta las 21:40 horas de este lunes, Samuel era uno de los siete detenidos que aún no habían sido liberados por la Fiscalía del Estado. Su carpeta de investigación fue judicializada y, según Christian Gudiño, asesor legal de los manifestantes, sería enviado a Puente Grande.El artículo 12 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, de observancia obligatoria para todas las corporaciones policiales, establece que el uso de la fuerza debe regirse por los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad, rendición de cuentas y vigilancia.En este caso, considero que no se justificó el uso de la fuerza para someter y arrestar a Samuel. Basta ver el video de su detención que comparto en @jnlomeli.Gina Romero, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, exigió investigar el posible uso excesivo de la fuerza y las probables violaciones a los derechos humanos de los detenidos durante la protesta. Asimismo, Amnistía Internacional pidió indagar “la represión a personas que pacíficamente demandaron su derecho de acceso a agua limpia”.
