Es inevitable ligar la renuncia de Salvador Zamora como secretario general de Gobierno a la crisis de gobernabilidad que vive el Área Metropolitana de Guadalajara por la mala calidad del agua y los operativos policiales fallidos durante las protestas del 11 y 18 de octubre.Entre las atribuciones centrales del secretario general de Gobierno, según la fracción I del artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Jalisco, está la de “conducir las relaciones institucionales” con organizaciones de la sociedad civil.La operación política, el diálogo, la atención de las demandas ciudadanas y la gestión del descontento social eran tareas de Zamora y su equipo.Eso no ocurrió en la marcha del domingo 11 de octubre, pues Zamora estaba de vacaciones en España y regresó hasta el viernes 16 de octubre.El secretario general de Gobierno también vigila que se cumpla la ley y se respeten los derechos humanos en el estado, según la fracción II del artículo referido, lo que enmarca su responsabilidad respecto de cualquier dispositivo policial durante una protesta masiva.En la primera manifestación frente a Casa Jalisco, la policía actuó en contra de todos esos parámetros constitucionales. No hubo una operación política ni de inteligencia y simplemente se sofocó la libre manifestación mediante el uso de la fuerza bruta.Para la segunda marcha, del 18 de octubre, ahora sí se realizó una labor política al buscar a 28 colectivos inconformes con la calidad del agua. Se logró contactar a seis, pero solamente se entabló diálogo con uno, según las propias declaraciones de Zamora.El segundo operativo policial se basó, según dijo reiteradamente Zamora, en no caer en provocaciones y cuidar a las personas manifestantes.Sin embargo, la protesta pacífica del domingo 18 acabó a las tres de la tarde y, durante más de ocho horas, un grupo de choque incendió y destrozó el patrimonio arquitectónico de manera continua y flagrante, sin intervención de las autoridades, cuando ya no había manifestantes.El trabajo de Zamora era garantizar la gobernabilidad, la legalidad y el respeto a los derechos humanos en el estado, tarea no menor que ahora corresponderá a Carlos Arias, abogado y funcionario de carrera que asumió la Secretaría General de Gobierno.El Gobierno de Jalisco ha evadido informar quién ordenó reprimir a manifestantes pacíficos en el primer operativo, pero algo sí quedó claro: Zamora no dio la orden de respetar sus derechos y la libre protesta. Y en la segunda marcha, en el otro extremo, simplemente se cruzó de brazos.
