La administración de Donald Trump acaba de confirmar lo que ya se intuía desde hace semanas: no extenderá por dieciséis años adicionales el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, comunicó que Washington descartó esa prórroga y abre en su lugar una etapa de negociaciones basada en revisiones periódicas anuales. La justificación oficial es escueta pero elocuente: “creemos que existen problemas importantes”, declaró Greer, insistiendo en que su Gobierno no está dispuesto a refrendar el acuerdo y que busca corregir lo que percibe como desequilibrios estructurales.Conviene precisar lo que esta decisión no es. No se trata de la terminación del tratado ni de un portazo unilateral. El T-MEC tiene una duración base que no puede concluir antes del 1 de julio de 2036 y, al no firmarse la prórroga automática, se activa un proceso de revisión anual que se extenderá de 2027 a 2036, mediante reuniones obligatorias de la Comisión de Libre Comercio del tratado. Es, en otras palabras, una hibernación institucionalizada: el tratado vive, pero bajo vigilancia constante.Leído en clave estratégica, el movimiento de Trump es coherente con su método de siempre. Resumido con más precisión: no se trata de liquidar el T-MEC, sino de negarse a renovarlo con facilidad para ejercer máxima presión y obtener concesiones que no logró en la negociación original. Entre las prioridades identificadas para la nueva ronda destacan un mayor contenido regional obligatorio en el sector automotriz, la reducción del déficit comercial con México y reglas más estrictas para impedir que empresas chinas usen territorio mexicano como plataforma de exportación hacia Estados Unidos.El tratado comercial se convierte así en instrumento de una agenda más amplia que incluye migración, combate al fentanilo y seguridad fronteriza.Para México, el costo inmediato no es arancelario sino de certidumbre, que en economía suele pesar tanto como un impuesto. Especialistas advierten que este periodo de revisiones anuales hará que el mecanismo pierda “funcionalidad” y genere una incertidumbre que Estados Unidos podría capitalizar para acelerar la relocalización de cadenas de valor hacia su propio territorio, presionando a las empresas a construir plantas productivas del lado estadounidense como respuesta racional ante el riesgo regulatorio.El frente político interno tampoco ofrece tregua. Críticos calificaron la negativa estadounidense como un fracaso de la negociación mexicana, mientras que voces oficialistas insisten en que la vigencia hasta 2036 desactiva cualquier alarma.Ambas lecturas son parciales: ni hay colapso inminente ni hay motivo real para la calma. Lo que hay es una ventana de una década en la que México deberá defender, año tras año, las condiciones que dan sustento a más de un tercio de su economía exportadora.Hay, sin embargo, una lectura menos catastrofista que merece consideración. Algunos académicos sostienen que este escenario, lejos de ser necesariamente perjudicial, puede abrir oportunidades para negociar en condiciones más ventajosas si México sostiene una estrategia de diálogo de largo plazo, refuerza su competitividad y preserva la confianza de los inversionistas.Precipitar un acuerdo bajo presión sería, en ese sentido, peor que administrar con paciencia una relación que de todos modos seguirá vigente.El riesgo real para México no es jurídico -el tratado no desaparece- sino político y perceptivo. Cada revisión anual será una oportunidad para que Washington reintroduzca exigencias, y cada ronda de incertidumbre erosionará el atractivo de México como destino de inversión frente a alternativas más estables. La tarea del gobierno mexicano no es solo negociar bien el texto del tratado, sino gestionar diez años consecutivos de ansiedad institucional sin que ésta se traduzca en fuga de capital ni en concesiones apresuradas. Es una prueba de resistencia tanto como de habilidad negociadora.
