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Crisis en la relación bilateral

Por: Raymundo Riva Palacio

Crisis en la relación bilateral

Crisis en la relación bilateral

Este viernes se cumplen siete días de un sistemático hostigamiento político del Gobierno de Estados Unidos al de México. Desde el presidente Donald Trump hasta el jefe de la DEA, Terry Cole, pasando por los departamentos del Tesoro y de Estado, los mensajes contra la forma de actuar de la Presidenta Claudia Sheinbaum, con razón o sin ella, han sido sistemáticos. El encuentro “muy bueno” y de buen ánimo, como describió la Presidenta su conversación con Trump en China, fue cosmético. La profundidad de la nueva crisis que vive la relación bilateral no se habría mitigado aunque la reunión hubiera durado 20 horas en lugar de 20 minutos.

La nueva crisis fue detonada por un episodio que sorprendió en México y, evidentemente, indignó en Washington: el descongelamiento, el 5 de noviembre, de dos cuentas bancarias del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, a quien, según el texto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó en abril pasado de haber brindado protección a Los Chapitos y de proporcionarles información confidencial sobre operativos policiales y militares. A cambio, habría recibido apoyo para ganar la gubernatura en 2021 mediante el robo de boletas, secuestros e intimidación contra sus rivales.

La decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera fue confirmada por la Secretaría de Hacienda el día 13, lo que provocó la primera reacción del jefe de la DEA, Terry Cole. Al celebrar la sentencia contra Antonio Oseguera, “Tony Montana”, hermano del fallecido fundador del Cártel Nueva Generación, afirmó que, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, perseguirían “sin descanso a los funcionarios corruptos y actores políticos que se benefician, protegen y alimentan estas empresas criminales”. El martes, en vísperas del encuentro entre Sheinbaum y Trump, Cole volvió a la carga y dijo que la DEA continuaría “investigando y exponiendo a políticos mexicanos” con vínculos con el crimen organizado.

El viaje a China no fue del agrado de la Administración Trump. Días antes de que la Presidenta viajara a Shenzhen, la Embajada de Estados Unidos en México cuestionó sutilmente los motivos del acercamiento al mostrar la disparidad en las exportaciones mexicanas a ambos países: 85% hacia Estados Unidos, frente a 2% hacia China. La Embajada entró en una discusión con su contraparte china en las redes sociales, pero el miércoles, horas después de la reunión entre los presidentes, retomó una declaración de Trump del jueves anterior, en la que afirmó que caravanas de migrantes avanzaban en una “marcha ilegal” a través de México.

El Gobierno de Sheinbaum negó la afirmación, pero acusó recibo y comenzó a informar que detrás de la caravana había intereses económicos oscuros, con lo que abrió la puerta a posibles acciones para frenarla. Pero eso era solo una parte del deterioro de la relación. Este miércoles apareció el Departamento del Tesoro, que ofreció 10 millones de dólares a quien aportara información que ayudara a desmantelar las redes de lavado de dinero y tráfico ilegal de combustibles de los cárteles en México, así como a identificar a quienes las apoyan mediante las redes sociales.

Ayer se apretó otra tuerca en Madrid, donde Juan Manuel Muñoz Luévano, “El Mono Muñoz”, fue detenido a petición de Estados Unidos, con fines de extradición, para responder por acusaciones de haber lavado dinero para Los Zetas. Muñoz Luévano, empresario de Coahuila vinculado con el ex gobernador Humberto Moreira, había sido detenido en Madrid en 2016 y puesto en libertad tiempo después. En 2020 publiqué que el ex gobernador de Chihuahua César Duarte, para aminorar las acusaciones en su contra en Estados Unidos, aportó información al Departamento de Justicia sobre la relación de Muñoz Luévano con el ex presidente Enrique Peña Nieto, con quien volvió a coincidir, cuando menos geográficamente, en la capital española.

La captura de “El Mono Muñoz” forma parte, según la información confidencial que poseen ambos gobiernos, de la nueva dinámica de presión estadounidense contra México. El caso se relaciona con lo publicado ayer por “Reforma”, que, con base en un expediente al que tuvo acceso uno de sus reporteros, lo vinculó con la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del ex secretario de Marina Rafael Ojeda, y de nueve marinos más, acusados de permitir el ingreso irregular de 31 buques con combustible de contrabando por las aduanas de Altamira y Tampico.

“El Mono Muñoz” también tendría conexiones con Morena. De acuerdo con información de inteligencia del Gobierno federal citada por el autor, está vinculado con Ricardo Peralta, primer director de Aduanas durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien ha mantenido una relación política cercana con la ex ministra, ex secretaria de Gobernación y diputada de Morena Olga Sánchez Cordero. Peralta también figura, según esas versiones, en investigaciones en México y Estados Unidos por sus presuntos vínculos con Sergio Carmona, conocido como “el rey del huachicol”. La información de inteligencia mexicana ubicaría a Peralta y a Rosalinda López, hermana del senador Adán Augusto López y ex funcionaria del SAT, como dos de los arquitectos del presunto esquema de contrabando fiscal.

Durante la gestión de Peralta en Aduanas, él y Rosalinda López habrían impulsado el nombramiento de Jesús Torres Charles como administrador central de Investigación Aduanera del SAT. Peralta siempre ha negado cualquier imputación criminal. Torres Charles, quien había sido fiscal general de Coahuila durante el Gobierno de Humberto Moreira, tuvo un paso efímero por el SAT, pues renunció en 2019 en medio del escándalo provocado por acusaciones anteriores sobre sus presuntos vínculos con Los Zetas, durante la crisis de violencia y desapariciones que vivió esa entidad.

Esta sucesión de acontecimientos públicos no estaría desligada, de acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por el autor, quienes identificaron como detonante de la nueva crisis el descongelamiento de las dos cuentas de Rocha Moya y la resistencia a iniciar un proceso penal en su contra con fines de extradición, como supuestamente solicitó el Departamento de Justicia, pese a que la Unidad de Inteligencia Financiera le había bloqueado sus activos. Esa decisión, que el autor atribuye a Sheinbaum, habría reforzado en Washington la percepción de que existe una protección política a figuras de la 4T señaladas por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La decisión de descongelar las cuentas de Rocha Moya coincidió con un aviso de Cole al Gobierno mexicano sobre varios políticos de Morena de quienes, según esas versiones, las autoridades estadounidenses tendrían pruebas de colaboración con los cárteles. La medida en beneficio del gobernador habría provocado un profundo malestar en Washington. El viaje a China fue el otro elemento de tensión, por lo que volvió a surgir el señalamiento de que los precursores químicos utilizados para fabricar el fentanilo que se trafica ilegalmente de México a Estados Unidos proceden de China.

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