El caso de Mauro Alberto Núñez Ojeda, “El Jando”, encargado de la flota aérea y piloto personal de Los Chapitos que se llevó a Ismael “El Mayo” Zambada en un vuelo ilegal de Culiacán a los Estados Unidos hace casi dos años, sigue sin esclarecerse, pero al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum se les siguen abriendo y acumulando nuevos frentes de conflicto, y la estrategia de la 4T parece ser enfrentarlos, lanzando a la vez, nuevas cortinas de humo.Desde luego gravita en torno a todos estos nuevos escándalos, las presiones de los Estados Unidos que se han desatado y que se van soltando casi a diario, desde hace más de dos meses que pidieron la aprehensión del gobernador, hoy con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y compañía, a quienes acusan de tener nexos con el crimen organizado. Destaca esta semana la declaración de Terrance Cole, director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en el sentido que el Gobierno mexicano y los cárteles del narcotráfico “son uno mismo”.Luego de la incredulidad a la versión de la Fiscalía General de la República (FGR), de que cuando se envió a Estados Unidos a “El Jando” no sabían que era el piloto que se llevó a “El Mayo”, la Presidenta pidió ayer que de ser necesario, se investigue al ex titular y hoy embajador en Inglaterra, Alejandro Gertz Manero, por si se cometió alguna omisión cuando lo tuvo preso y no lo identificó. Esta petición presidencial que sorprendió a propios y extraños, coincidió con un sisma interno en el equipo de la titular de la FGR, Ernestina Godoy, que ha provocado la salida repentina de Ulises Lara de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y de Óscar Langlet González de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia. Presiones por el caso Rocha Moya y de otros funcionarios públicos a los que se quiere proteger, serían los posibles motivos según ha trascendido en fuentes ministeriales. Pero sin duda el caso que más ha pegado a la Presidenta, y de paso al secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ha sido la defensa que han tratado de hacer la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien está en el ojo del huracán por la filtración de una serie de audios en los que habla con presuntos intermediarios de agencias antidrogas de Estados Unidos sobre una investigación por lavado de dinero, el retiro de su visa y su disposición a compartir información de seguridad y toda la serie de contradicciones en las que ha caído para alegar su inocencia.Como si fuera una cortina de humo para distraer la atención en este caso, ayer la FGR infrmó de la detención en Ensenada del primer gobernador de oposición en la historia reciente de México, el panista Ernesto Ruffo, quien gobernó Baja California, en 1989, acusado de ser parte de la trama del huachicol fiscal, por aparecer como accionista mayoritario de la empresa Ingemar, a la que le aseguraron 15 millones de litros de hidrocarburo que transportaban en 129 ferrotanques en Coahuila.Los opositores inmediatamente reaccionaron reprochando un caso más de justicia selectiva y facciosa, contrastando el caso con la protección que se ha dado al gobernador con licencia Rocha Moya que reclaman los Estados Unidos. Con esta polémica se le quitó al menos momentáneamente, el foco al caso de Marina del Pilar.
