El paquete económico 2026 revela las prioridades verdaderas -no las retóricas- del actual Gobierno. Sorprende que los jornaleros agrícolas estén ausentes. Durante la campaña presidencial fueron designados como prioritarios, y tanto la Secretaría de Agricultura como la de Trabajo designaron funcionarios de alto nivel para atenderlos. Sin embargo, aunque se dice que hay un plan intersecretarial, no han sido objeto de políticas que, de manera realista y probada, mejoren su situación económica y social.La historia de los jornaleros agrícolas es de altibajos. De 1995 a 2020 mejoraron sus salarios y la formalidad de su empleo, que es sinónimo de mejores salarios y condiciones de trabajo y vida, a pesar de que han sido discriminados por el IMSS y el Infonavit. Los jornaleros afiliados a ambos no reciben los servicios que deberían (guarderías, clínicas, préstamos para vivienda), pero la afiliación les garantiza condiciones laborales legales, mejores salarios, ahorro para el retiro y otros beneficios.A partir de 2020, sin embargo, hay un deterioro. Sus salarios siguen al alza en términos reales (parte de la historia de éxito que revela la medición de pobreza de 2024), pero cada vez hay más jornaleros en empleos precarios. El salario promedio de los trabajadores agrícolas en México era, en diciembre de 2024, de $6,000 pesos mensuales. Mientras que los afiliados al IMSS ganaban en promedio $8,500 pesos mensuales, los precarios ganaban solo $5,763, bien debajo de la línea de pobreza extrema por ingresos, sobre todo si se piensa que esa cantidad debe dividirse entre varios miembros de un hogar, y muy por abajo del salario mínimo general de $7,576, y el salario mínimo agrícola de $8,400, ambos vigentes en 2024 (véase el reporte del mercado de trabajo agrícola en jornamex.com). Y cada vez son más los excluidos del IMSS, el Infonavit y las prestaciones laborales formales.Súmese el riesgo creciente de las contrataciones engañosas y criminales que están creciendo en el sur de México. Los reclutadores poco éticos ofrecen condiciones que terminan siendo falsas. O bien porque pagan menos y exigen más horas y desgaste, o bien, como se supo por Teuchitlán, porque las ofertas de trabajo pueden llevar a la muerte.El Gobierno mexicano sabe cómo intervenir, y puede hacerlo. A través de un programa de reclutamiento, puede garantizar que los empleos cumplan con las condiciones legales. En 2010 el subprograma de movilidad de la Secretaría del Trabajo movilizó a 147,000 trabajadores a empleos que cumplían con la Ley del Trabajo. Pero a partir de ese año el programa sufrió recortes, hasta que en 2019 quedó desmantelado.Los enlaces de la Secretaría del Trabajo en las zonas de origen de los trabajadores pueden verificar que las ofertas de empleo que traen los reclutadores correspondan a empresas que están registradas, pagan impuestos y/o que están certificadas. Con los avances en las comunicaciones, sería muy sencillo hacer una lista negra de empresas que no cumplen, o que son fachadas de organizaciones criminales. Que los autobuses cuenten con los requisitos mínimos de seguridad. Y que los trabajadores cuenten con teléfonos donde puedan reportar cualquier anomalía. Adicionalmente, en 2010 a cada trabajador reclutado se le entregaba un pequeño monto ideado para evitar que se endeudara durante su primera semana, y de esa manera evitar la cadena de dependencias que llevan al trabajo forzado. Muchos trabajadores entregaban la mitad del monto a sus esposas, para que la familia subsistiera mientras ellos empezaban a remitir su salario. Todos estos elementos podrían funcionar mucho mejor hoy gracias a avances en comunicaciones y al hecho de que los celulares son prácticamente universales.La intervención en el mercado de trabajo agrícola era barata y eficaz. Mejoraba las condiciones de trabajo de los jornaleros. Un nuevo programa debe superar las deficiencias del pasado, pero la omisión es destructiva. Los patrones que no cumplan con la ley deben ser castigados y quedar excluidos del programa. Además, los pequeños patrones agrícolas no cuentan con el personal y los fondos para mandar reclutadores y camiones a las comunidades del sur de México. Un programa como este les permitiría obtener mano de obra legal sin piratearla a otras empresas.Para hacerlo bien, en 2026 se pueden probar pilotos de un programa de reclutamiento. No costaría más de 50 millones hacer pilotos en varios Estados de origen y destino. Así, se garantiza una política pública de calidad, que mejore el trabajo y la vida de los jornaleros agrícolas.
