Lunes, 16 de Noviembre 2026

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Los golpes del agua, parte V: La liberación

Por: Fausto Salcedo

Los golpes del agua, parte V: La liberación

Los golpes del agua, parte V: La liberación

Esta es una crónica en cinco entregas sobre los acontecimientos del 11 de octubre del 2026 en Guadalajara, a partir del testimonio de uno de los detenidos durante la manifestación

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La violencia del domingo adquirió una dimensión nacional. Las imágenes de policías que golpeaban, arrastraban y perseguían a manifestantes circulaban por las redes sociales. Los videos mostraban escenas que contrastaban con la versión del Gobierno de Jalisco, que atribuía los enfrentamientos a la irrupción de un supuesto grupo de choque. La indignación crecía a medida que aparecían nuevos testimonios de detenidos y familiares.

La mañana del lunes 12 de octubre, familiares de los detenidos convocaron a una rueda de prensa fuera de la Fiscalía, luego de pasar la noche sin respuestas. Acompañados por abogados y representantes de organizaciones civiles, denunciaron detenciones arbitrarias, incomunicación y falta de información sobre el estado de salud y la situación jurídica de sus seres queridos. También señalaron que personas identificadas como integrantes de la Fiscalía habían acudido a los domicilios de algunas familias. Además, denunciaron que la noche anterior las autoridades habían cerrado la calle con patrullas y policías, en lo que consideraron un acto de intimidación.

Denisse Montiel Flores, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), advirtió que las detenciones podían configurar desapariciones forzadas, pues durante las primeras horas transcurridas, las familias no habían podido localizar a varias de las personas arrestadas ni obtener información oficial sobre su paradero. El abogado Ángel Abraham planteó una interpretación similar.

“Hay un criterio relevante de la Organización de las Naciones Unidas sobre las llamadas desapariciones forzadas de corta duración. Si bien no fueron días los que pasaron incomunicados, hubo un momento en que los detenidos estuvieron retenidos contra su voluntad, sin poder comunicarse y sin saber siquiera de qué se les acusaba”, explica Abraham.

La discusión tenía implicaciones jurídicas. El 31 de octubre de 2024, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias publicaron una declaración conjunta sobre las llamadas desapariciones forzadas de corta duración. El documento precisa que la duración de la privación de la libertad no determina por sí sola si se configura una desaparición forzada: incluso unas horas pueden bastar, siempre que concurran los elementos establecidos en el derecho internacional.

Entre ellos figuran la participación de agentes estatales —o de personas que actúen con su autorización, apoyo o aquiescencia— y la posterior negativa a reconocer la privación de la libertad o el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona, de modo que quede fuera de la protección de la ley.

En el caso de las detenciones del 11 de octubre en Guadalajara, organizaciones civiles denunciaron que durante las primeras horas no podían localizar a varias de las personas arrestadas ni obtener información oficial sobre su paradero. También señalaron que los manifestantes habían sido distribuidos entre distintas agencias del Ministerio Público, incluidas las de Extorsiones, Delitos Patrimoniales, Robos Varios y Homicidios, lo que dificultaba su localización y defensa. Aldo, hermano de Daniel, confirma que tuvo que recorrer distintas dependencias para encontrarlo.

“Habían dividido a los detenidos entre distintas agencias porque el área que tenía que procesarlos e iniciar las carpetas no podía con todo el trabajo. Eran tantas personas que los ministerios públicos de guardia en Detenidos solicitaron apoyo a otras agencias. A mí me mandaron de un lado para otro: fui a Detenidos, a Patrimoniales, a Secuestros, a Robos Varios, y nadie me atendía. Me decían que mi hermano no estaba. Tuve que buscarlo agencia por agencia porque ni siquiera me sabían decir cuáles estaban abiertas. Era día de asueto por la Virgen de Zapopan, por lo de la Romería”, explica Aldo.

Ese mismo lunes, mientras miles de fieles avanzaban por las calles de la ciudad para acompañar a la Virgen hasta la Basílica, los familiares de los detenidos seguían padeciendo la desinformación frente a la Fiscalía. En ese contexto, el gobernador Pablo Lemus difundió un mensaje en el que reconoció que cerca de diez mil personas habían participado en una manifestación pacífica, pero insistió en que la violencia había comenzado cuando un grupo de aproximadamente 400 personas llegó a Casa Jalisco con piedras, tubos, martillos y otros objetos.

Expresó su solidaridad con los policías heridos, dos de ellos de gravedad, y aseguró que los enfrentamientos habían puesto en riesgo a familias, niños y adultos mayores. También informó que la Fiscalía revisaría las detenciones caso por caso. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente la actuación de las autoridades de Jalisco y exigió al gobierno de Pablo Lemus explicar las detenciones y el uso de chorros de agua y gases lacrimógenos contra los manifestantes. "Lo que vimos ayer, de utilizar el agua para disolver una manifestación, no debe ocurrir en México, no debe ocurrir", declaró, en su conferencia matutina.

El mediodía del lunes, casi un día después de su detención, Daniel pudo ver a su madre y a su hermano. Les dieron unos cuantos minutos juntos. Hablaron a través de un cristal, él con un teléfono en la mano, como había visto tantas veces en las películas. Llevaba horas esperando noticias y no había podido dormir. Hasta el amanecer le dieron agua y pan con huevo. “Mi hermano me preguntó cómo estaba y le dije que estaba mal, que tenía todas estas lesiones. Me dijo que estaban haciendo todo lo posible para remediar esto y que no tuviera miedo”.

Le cortaron la llamada y lo regresaron a la celda. Alrededor de las cuatro de la tarde, un oficial le comunicó lo que llevaba más de 24 horas esperando:

“Ya vas para afuera”.

Lo liberaron hasta las seis de la tarde, después de la que sería la noche más larga de su vida. Daniel ya no parecía el mismo. Salió de la Fiscalía con el andar titubeante, como una ramita resquebrajada. Los ojos se le llenaron de lágrimas al ver a sus familiares y amigos, pero no lloró. Tenía los pómulos marcados, el rostro pálido y magullado, y miraba a su alrededor con desconcierto. Llevaba sangre seca en la quijada y en la oreja, además de raspaduras en los brazos y las piernas. Aunque todos se morían por abrazarlo, parecía tan frágil que lo primero que hicieron fue llevarlo a la Cruz Roja del Parque Morelos.

El parte médico de lesiones expedido por la Cruz Roja Mexicana el 12 de octubre documentó que Daniel presentaba un esguince cervical de primer grado, heridas en la cabeza, múltiples hematomas en la espalda, escoriaciones en hombros, brazos, muñecas y piernas, además de contusiones en la cabeza y el tórax. Algunas lesiones alcanzaban los doce centímetros de longitud. El documento estableció que ninguna ponía en peligro su vida, aunque dejó abiertas las posibles secuelas.

Sin embargo, este era su segundo examen médico. Horas antes, en la Cruz Verde de Cruz del Sur, Daniel asegura que le habían tomado radiografías y diagnosticado varias fracturas de costillas. El parte médico de aquella primera valoración quedó integrado en la carpeta de investigación de la Fiscalía, a la que Daniel todavía no ha podido acceder, pese a haberla solicitado.

Daniel recuperó la libertad sin que se le formularan cargos. Sin embargo, hasta el momento no ha podido consultar la carpeta de investigación relacionada con su detención. Según explica, las autoridades le han respondido que el expediente continúa bajo revisión mientras determinan qué agencia del Ministerio Público será responsable del caso. La falta de acceso a esos documentos le impide conocer con precisión los fundamentos de su detención y dificulta reconstruir lo ocurrido durante las horas que permaneció bajo custodia.

“Siento que no me ha caído el veinte. Me duele mucho el cuerpo, pero es más una caída emocional, un bajón. Una pérdida de sentido”, cuenta Daniel, al cuidado de sus padres y tratando de acostumbrarse a las molestias de un cuerpo que siente como si ya no fuera suyo.

En casa todos están tristes. Quieren justicia.

“Me siento decaído. No me siento bien moralmente. No porque haya hecho algo malo, sino por el trato que nos dieron allá adentro. Sí me siento decaído emocionalmente, psicológicamente también. Me siento temeroso, nervioso. No he podido dormir mucho. El dolor del cuerpo es más grande que el sueño”.

Aquella noche, después de haber sido liberado, Daniel volvió a casa de sus padres. Todavía no podía creer que todo aquello le hubiera ocurrido en menos de 48 horas. Se encerró en el baño y se miró al espejo. Reconoció las heridas, el cabello apelmazado por el sudor y la sangre, el rostro embadurnado de mugre, el aroma agrio de su propia piel. Ansiaba una ducha tibia, quitarse todo de encima, derramar las lágrimas de cansancio y rabia que no había podido soltar durante el calvario en la Fiscalía.

Abrió la llave de la regadera y esperó unos segundos.

No había agua.

La crisis hidríca persiste

Para el martes 13 de octubre, las 39 personas detenidas durante la manifestación habían recuperado la libertad, pero los procedimientos judiciales no habían terminado. Siete manifestantes fueron trasladados a los juzgados de Puente Grande. Uno quedó libre sin cargos, mientras que los otros seis fueron vinculados a proceso penal por lesiones y delitos contra representantes de la autoridad. Todos enfrentarían el procedimiento en libertad, sujetos a medidas cautelares.

Ese mismo día, Pablo Lemus modificó su postura inicial, en la que había atribuido los enfrentamientos a un supuesto grupo de choque. Tras revisar videos del operativo, reconoció que se habían cometido “graves errores”, que hubo “uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas” y que nunca debieron utilizarse chorros de agua ni gas lacrimógeno contra los manifestantes. También anunció una investigación interna, con el acompañamiento de la CEDHJ, para determinar responsabilidades y posibles sanciones.

El 26 de octubre, quince días después de la manifestación, la CEDHJ descartó que se hubieran cometido actos de tortura durante las detenciones. El organismo reconoció, sin embargo, que seguían pendientes las investigaciones por el posible uso excesivo de la fuerza y que había recibido 25 quejas contra policías estatales. La declaración provocó cuestionamientos de víctimas, abogados y legisladores, mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que había atraído el caso, realizaba evaluaciones médicas y psicológicas para investigar las denuncias de tortura.

El 5 de noviembre, casi un mes después de la manifestación, los responsables del Gabinete de Seguridad y de Protección Civil comparecieron ante el Congreso de Jalisco para explicar el operativo. Los legisladores preguntaron quién había ordenado utilizar chorros de agua y gases lacrimógenos contra los manifestantes, quién autorizó las detenciones y qué mandos supervisaron las acciones policiales.

Ninguno de los funcionarios identificó a los responsables de aquellas decisiones. El secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, defendió los protocolos empleados, mientras que el titular de Protección Civil, Sergio Ramírez, sostuvo que el agua se había utilizado para dispersar humo y prevenir incendios. Para entonces, 17 policías, incluidos tres mandos, se encontraban bajo investigación administrativa por posibles irregularidades durante el operativo.

Actualmente, el agua sigue escaseando en muchas áreas de la ZMG, llega de mala calidad, y hay zonas donde la gente denuncia hasta una semana sin agua. Una investigación del académico Máximo E. Jaramillo Molina, elaborada a partir de datos del SIAPA, el INEGI y la Conagua, estimó que 1.87 millones de habitantes de la zona metropolitana estaban sujetos a cortes programados. Aunque el racionamiento alcanzaba a colonias de todos los niveles socioeconómicos, sus consecuencias eran desiguales: entre la población de menores ingresos incluida en el programa, el 51% enfrentaba cuatro días consecutivos sin suministro, frente al 32% del estrato más alto.

Además, mientras el 82% de las viviendas de mayores ingresos contaba con cisterna, en los estratos inferiores esa proporción oscilaba entre el 34% y el 45%. La investigación también identificó que el 89% del volumen de agua concesionado a asociaciones de colonos correspondía a zonas de mayores ingresos, una diferencia que evidenciaba las desigualdades en el acceso a fuentes alternativas de abastecimiento.

La investigación también documentó que grandes empresas industriales disponían de concesiones propias para extraer agua de pozos, independientes de la red del SIAPA. Tan solo las veinte compañías con mayores concesiones concentraban alrededor de 34 millones de metros cúbicos anuales, un volumen equivalente al consumo de 176 mil hogares. Entre ellas figuraban Laboratorios Pisa, Cervecería Modelo de Guadalajara y Bebidas Mundiales, vinculada a Coca-Cola.

Para el próximo domingo 22 de noviembre del 2026, se convocó a una cuarta megamarcha en Guadalajara. 

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