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Los golpes del agua, parte III: La Fiscalía

Por: Fausto Salcedo

Los golpes del agua, parte III: La Fiscalía

Los golpes del agua, parte III: La Fiscalía

Esta es una crónica en cinco entregas sobre los acontecimientos del 11 de octubre del 2026 en Guadalajara, a partir del testimonio de uno de los detenidos durante la manifestación

En esas calles no habitan familias. No hay más que bodegas, láminas de aluminio y fábricas. Concreto y árboles escasos, dispersos entre avenidas laberínticas por las que circulan patrullas y enormes camionetas sin placas. Los amigos de Daniel avanzaron recelosos rumbo a las instalaciones de la Fiscalía. Dejaron el carro en un sitio al que pudieran regresar fácilmente si por alguna razón tenían que correr; les pesaba la advertencia, en aquellos ámbitos solitarios, de que los fiscales podrían levantarlos o intimidarlos. Pero fuera del complejo ya se habían congregado familiares de los detenidos, junto con abogados y organizaciones civiles, en una especie de campamento improvisado donde compartían las escasas noticias que conseguían.

Los padres de Daniel y su hermano Aldo aguardaban en la banqueta húmeda, con las miradas perdidas. Lo primero que Eduardo hizo fue acercarse a Adriana, la madre de Daniel. "Perdón señora", le dijo él. "Perdón, no se lo cuidé tan bien". Pero ella tenía los ojos cansados de lágrimas. "Te hubieras aventado por él y no hubieras dejado que se lo llevaran", le dijo. Eduardo retuvo el escozor en su propia mirada, y no pudo hacer más que abrazarla.

Aldo, el hermano de Daniel, había sido el primero en llegar al sitio. Llevaba en la Fiscalía desde las cuatro de la tarde. Fue lo primero que hizo en cuanto Eduardo le informó lo que había sucedido con su hermano menor, pero de nada habían servido las horas transcurridas ni la insistencia. "Cuando llegué, ya tenían la Fiscalía cerrada y el acceso restringido. Se veía que ya sabían lo que iba a pasar. Pero los de Fiscalía me decían que no tenían información, que no sabían nada, que no podían decir nada", cuenta Aldo.

Al igual que él, decenas de personas desconocían datos precisos sobre el paradero de sus hijos, hermanos o compañeros. El gobierno de Jalisco había confirmado la detención de 39 personas, más no los nombres, y los fiscales no confirmaban ni negaban la presencia de los detenidos en sus instalaciones. Más aún: la mayoría seguían sin aparecer en el Registro Nacional de Detenciones. Mientras tanto, los familiares dormían sobre cobijas tendidas en la banqueta o dentro de casas de campaña, y habían llevado garrafones de agua, tamales y café para que nadie se quedara sin comer. Todos esperaban que algún representante oficial saliera a decirles qué había ocurrido con los detenidos, pero de la Fiscalía solo recibían hermetismo.

Algunos familiares, más desesperados, lanzaban insultos contra los agentes, pero persistió la lógica y el miedo de que no era conveniente provocar a las autoridades, y mucho menos en esas circunstancias. Entre quienes acudieron al sitio había integrantes del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) –organización independiente que entre muchas cosas acompaña a víctimas de tortura y desaparición–, abogados particulares y representantes de otras organizaciones civiles que comenzaron a documentar las detenciones y acompañar a las familias. La información llegaba a cuentagotas. Los defensores denunciaron obstáculos para entrevistarse con sus representados, conocer las acusaciones en su contra y verificar las condiciones en que se encontraban. Pronto quedó claro que la espera se prolongaría más de lo previsto.

Ángel Abraham, de 25 años, egresado del ITESO, era uno de aquellos abogados atrincherados fuera de la Fiscalía. Él mismo había acudido a la marcha, y vio cómo la policía detenía a los manifestantes. Junto con un compañero, comenzó a reunir nombres, y difundió un mensaje en redes sociales para localizar a otras personas. Hacia las tres de la tarde del domingo había recibido 52 nombres, con los que promovió un amparo ante un juzgado federal y posteriormente se dirigió a la Fiscalía, donde trasnocharía junto a las familias agobiadas.

El recurso utilizado, conocido como "amparo buscador", tenía como propósito localizar a las personas privadas de la libertad y verificar ante qué autoridad se encontraban. Sin embargo, según Abraham, los actuarios judiciales se limitaron a comprobar que los detenidos estuvieran en las instalaciones de la Fiscalía, sin profundizar en las circunstancias de sus arrestos ni en las lesiones que presentaban.

Las dificultades continuaron. Abraham asegura que ni él ni los demás abogados particulares pudieron entrevistarse con los detenidos ni consultar sus carpetas de investigación porque el Ministerio Público no autorizaba sus nombramientos como defensores. "Nunca nos dieron las carpetas. Aunque tengas un abogado de oficio, tú tienes derecho a decidir quién te representa y quién te defiende", explica. "No solamente aceptar al que te pone la autoridad. A los detenidos en Casa Jalisco no les permitieron eso, lo cual viola toda garantía institucional respecto al derecho a la defensa".

Antes de la medianoche, Ángel Abraham fue notificado de que las primeras personas serían liberadas, aunque las investigaciones continuarían abiertas. El Gobierno de Jalisco confirmó en un comunicado que seis de los 39 detenidos durante la manifestación recuperarían su libertad: Verónica Nayeli, Iván, Marisol, María Fernanda, Xalli Yenelli y Alejandra, después de que el Ministerio Público determinara que continuarían bajo investigación. La Fiscalía informó que se investigaban posibles delitos de ataques a las vías de comunicación, además de lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad. Más tarde, otras cuatro personas fueron liberadas, con lo que la cifra ascendió a diez antes de terminar el domingo. Daniel no figuraba entre ellos.

Los primeros manifestantes emergieron de la Fiscalía con paso tremulento, cubiertos de vendajes, con los labios pálidos, y los ojos resecos de miedo. Sus familiares los recibieron entre horror, indignación y lágrimas. Uno de los liberados, Iván García, había encarado a los antimotines en Casa Jalisco y les había mostrado un filtro contaminado, el mismo con el que intentaba purificar, sin éxito, el agua turbia que brotaba de su casa. Quedó documentado en redes sociales cómo, mientras dialogaba con los agentes, un policía lo tomó del cuello con violencia, lo arrancó de la multitud, y se lo llevó detenido.

Iván recuperó la libertad ocho horas más tarde, herido de cervicales, costillas y cadera, y contó a familiares y medios de comunicación lo que había vivido dentro de la Fiscalía. Los agentes le habían hecho creer que todos los demás detenidos habían quedado libres y que él era el último. Pero afuera descubrió que no era cierto. Aldo y sus padres se le acercaron para mostrarle una fotografía de Daniel. Iván lo reconoció y les confirmó, finalmente, que sí se encontraba en Fiscalía, pero que los policías se lo habían llevado al hospital por el estado de sus heridas.

"Nos dijo que sí vio a Daniel ahí dentro, pero que se lo habían llevado al hospital porque estaba golpeadísimo", dice Aldo. "Que era uno de los más golpeados y que aparte traía las costillas rotas. Se me hacía increíble que a esas alturas, a esas horas de la noche, los de la Fiscalía no nos dijeran a quién se lo habían puesto a disposición ni en qué agencia estaba. Me acerqué con los agentes que estaban ahí y les dije que me ayudaran, que por favor me ayudaran a encontrar a mi hermano. Les dije, sé que está aquí pero no sé si está grave. Me acabo de enterar que tiene las costillas rotas, por favor díganme dónde y cómo está. Pero me dijeron que no. Que no sabían nada, y que no podía pasar".

“Se hicieron las diez, las doce, la una de la mañana, y nada. No sabíamos nada de Daniel”.

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