Las tentaciones autoritarias de los poderes, ya sean legales o fácticos, por silenciar al periodismo crítico e incómodo siempre han estado latentes en México.Desde las burdas represiones físicas que tenían su expresión más radical en los asesinatos de periodistas, en los tiempos posrevolucionarios, que se siguen cometiendo a la fecha, hasta los distintos momentos de tensión jurídica y política con los que los gobiernos han buscado controlar y hasta censurar el contenido que se genera en los medios de comunicación, con la coartada de la defensa de los derechos de las audiencias, como el Gobierno de la 4T lo intenta ahora nuevamente.Hace 10 años, en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, hubo un intento similar de controlar y presionar los contenidos en radio y televisión, entonces sin incluir la pretensión, como ahora asoma, de regular también la prensa y las entonces incipientes redes sociales.En aquel momento se presentó igual una propuesta de Lineamientos de Derechos de las Audiencias que elaboró el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que luego de muchos debates en el Congreso la modificaron para dar al Poder Ejecutivo facultades de injerencia en los medios en un claro atentado contra la libertad de prensa. Por tener vicios legislativos, los litigios llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).Cinco años después, en agosto de 2022, la Corte declaró inconstitucionales las reformas del 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) que se hicieron para “aumentar” los derechos de las audiencias, cuando en realidad era un claro intento desde el poder de acallar voces críticas.La SCJN confirmó al IFT como única autoridad autónoma autorizada para regular, vigilar y sancionar el cumplimiento de los derechos de las audiencias, que aunque no devolvía el modelo anterior que dejaba a los concesionarios la autorregulación absoluta, quitó la facultad de injerencia al Ejecutivo. Desde entonces se reactivó la obligación de conductores de radio y televisión de distinguir opinión e información que nunca se implementó por su inoperancia en el día a día. Se facultó al IFT a supervisar los Códigos de Ética de cada medio para que cumplieran sus lineamientos generales, y también para que los concesionarios no pudieran designar ni remover al Defensor de la Audiencia de sus medios para garantizar su independencia y se debiera realmente al público. Obligaciones que el IFT nunca implementó.Esta semana, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó una nueva propuesta de Lineamientos sobre los Derechos de las Audiencias, contemplados en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que someterán a una consulta digital las próximas tres semanas, en las que de entrada plantean retomar estas facultades que tenía el desaparecido IFT, y añadir ambigüedades como “no difundir información falsa, descontextualizada o histórica como si fuera actual”; distinguir entre publicidad y contenido; derecho de réplica a quienes consideren que se dijeron hechos “inexactos o falsos; y multas para los que no atiendan quejas o si “la audiencia considera que no se restituyeron sus Derechos”.El riesgo aquí es que ya no se trata de facultades de un órgano autónomo como el extinto IFT, sino de una instancia que podría controlar el Ejecutivo como la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), y aún más, porque hoy ya no contamos con una Corte autónoma que pueda frenar estos atropellos a la libertad de expresión y con ello a la democracia, como sí pasó hace casi cuatro años.jbarrera4r@gmail.com
