A pesar de las señales en contra desde el Palacio Nacional, nos cuentan que en el Gobierno de Jalisco no quieren que den por muerto el esquema del financiamiento privado para el segundo acueducto Chapala-Guadalajara, bajo la figura de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO).Desde la Comisión Estatal del Agua aclaran que nadie ha cancelado ese modelo, aunque ya buscan otras opciones por si la iniciativa no convence.Por lo pronto, hoy tocará hacer cuentas con funcionarios federales y explorar alternativas como el Fondo Nacional de Infraestructura, la mezcla de recursos públicos y hasta diferir el gasto.Pablo Lemus estará hoy en una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum y gobernadores en la Ciudad de México, en donde aprovechará para hablar sobre el tema. *** Después de varias semanas de quejas por agua sucia, tandeos y protestas, el Gobierno de Jalisco convocó a más de 80 especialistas para cerrar filas y encontrar soluciones. Porque si algo faltaba era una reunión para descubrir cómo lograr que el agua salga limpia de la llave.Universidades, empresarios, sindicatos y vecinos tendrán que aportar ideas de corto, mediano y largo plazo. Por lo pronto, ayer se acordó instalar una mesa técnica en sesión permanente para dar seguimiento a las propuestas y atender las necesidades. *** Nos dicen que entre los asistentes a la reunión que encabezó ayer el gobernador estuvo el coordinador del PAN en el Congreso, Julio Hurtado, quien conoce bien el formato porque lo propuso.El 8 de octubre, en plena presentación del segundo acueducto ante el Legislativo, Hurtado pidió una mesa permanente con especialistas, empresarios y representantes sociales para revisar cada semana la calidad del agua, los tandeos y el proyecto técnico y financiero. Luego, se formalizó la propuesta de una mesa plural, con universidades y sociedad civil incluidas.Pero en la lista de invitados del Ejecutivo no estaban fuerzas políticas que el panista sí había incluido. ¿Qué tal *** Claudia Sheinbaum le pidió al INE aclarar las presuntas transas en contratos con proveedores de material electoral.La Presidenta quiere explicaciones sobre las irregularidades y los funcionarios señalados, así que al instituto le toca desempolvar contratos, facturas y cualquier papel que ayude a despejar sospechas.Eso sí, conviene recordar que una presunta irregularidad no es todavía una sentencia.¿Habrá castigos?
