El Gobierno mexicano, a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (CeNCIA), un órgano autónomo adscrito a la Secretaría de Salud (SSA), pagó a la farmacéutica inglesa AstraZeneca 309 millones 600 mil dólares por la adquisición de la “vacuna SARS-COV-2” en octubre de 2020.Desde el primer momento, la compra de las dosis para atender la pandemia de coronavirus se dio con altos niveles de opacidad en el contrato con ésta y las otras empresas a las que se compraron estas vacunas. En el caso de AstraZeneca, por ejemplo, en el contrato que subieron inicialmente a la página de Compranet, no se podía saber siquiera el número de vacunas que se compraron con esa cantidad de dólares. Hasta enero de 2021, el CeNCIA reveló que eran 77.4 millones de dosis.Trascendió por esa razón que el Gobierno de la 4T había cedido a las presiones de esta firma inglesa y otras farmacéuticas como Pfizer, BioNTech y CanSino, para clasificar como confidencial los acuerdos y detalles de los contratos, situación que reconoció también la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado: “La omisión de cumplimiento por parte del Gobierno mexicano a un convenio de confidencialidad podría causar daño en la obtención de la vacuna para atender a la población de la República Mexicana”.Pero como lo he comentado aquí, el litigio que lleva a cabo la joven abogada tapatía, Elizabeth Zavala, en contra de AstraZeneka por las afectaciones a su salud que, asegura, le causó la vacuna antiCovid-19, entre ellas un infarto de ojo, por un evento trombótico ocular, irreparable e irreversible, la llevó a descubrir cómo en otros países no cayeron en la opacidad y transparentaron en su totalidad estos contratos.Un ejemplo es Costa Rica, país que también compró a AstraZeneca las vacunas. Mientras el contrato público de aquel país se puede leer en su totalidad, el que el Gobierno de México hizo público tiene párrafos que fueron bloqueados o tachados en 26 de las 40 hojas que lo integran. Como ambos contratos son el mismo machote, si uno revisa lo que se tachó en el contrato con México, y va al mismo párrafo del de Costa Rica, queda claro que se bloquearon entre otros puntos el costo unitario de cada dosis, las condiciones del pago anticipado, los 19 incisos donde se define el costo de los productos, el precio de compra estimado, quién será el Funcionario Ejecutivo (en Costa Rica era el Ministro de Salud, en México no se sabe porque lo tacharon), bloquearon también parte de la definición de la “Conducta Fraudulenta Internacional”, que señalan como “un acto u omisión realizados intencionalmente para obtener un fin ilegal”, los detalles del producto y cuántas vacunas por caja y contendor, todos los detalles de la facturación, la penalización por el atraso en pagos, y donde el Gobierno se compromete a enfrentar las denuncias ante posibles efectos secundarios, como el que ahora aqueja Elizabeth Zavala. Queda, pues, claro que la discrecionalidad y la opacidad se impuso en la compra de las vacunas antiCovid-19, y que el Gobierno federal podría también que verse obligado a responder a los reclamos de esta mexicana.jbarrera4r@gmail.com
