La semana pasada comenté aquí que el presidente saliente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (STJ), Daniel Espinoza Licón, dejaría a su sucesor (que, como ya se pronosticaba, sería José Luis Álvarez Pulido) un Poder Judicial reprobado, según el reporte del Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024 (IEDM) del World Justice Project (WJP), que lo ubica por debajo de la media nacional en todos y cada uno de los ocho factores con que el IEDM evalúa la eficiencia de los Poderes Judiciales en las 32 Entidades de la República Mexicana. Pero lo que nadie sospechaba es que Espinoza Licón tendría que dejar la presidencia del STJ en medio del escándalo, saliendo por la puerta de atrás para evitar los cuestionamientos a su aceptación explícita de la corrupción en el Poder Judicial. Esto quedó revelado en una conversación con un hombre y una mujer, ambos abogados, que fue grabada, filtrada y dada a conocer por la periodista Elsa Martha Gutiérrez. En un lenguaje que en momentos raya en lo soez, Espinoza Licón reconoce que el gobernador Enrique Alfaro lo colocó como magistrado y luego lo impulsó para llegar a la presidencia. También admite que recibía órdenes de él; que los jueces ya no podían elegir a sus equipos en los juzgados porque las plazas se repartían entre los partidos políticos, colocando a “puro pendejo”; menciona la corrupción de jueces que cobran dádivas y la constante influencia del Poder Ejecutivo en la resolución de asuntos jurídicos de alto perfil. Desde luego, las confesiones de Espinoza Licón sólo confirmaron lo que ya era, desde hace décadas, un secreto a voces: las corruptelas y el tráfico de influencias que tienen secuestrado al Poder Judicial en Jalisco, considerado como uno de los más ineficientes del país. La traición a Espinoza, que estalla justo la semana del relevo en la presidencia del STJ, es un claro ajuste de cuentas contra el presidente saliente por parte de quienes no se vieron beneficiados en el reparto del botín de poder. En ese sentido, también representa un difícil inicio para José Luis Álvarez Pulido, quien asumirá el próximo 1 de enero como presidente del Poder Judicial de Jalisco. De entrada, el próximo titular del STJ trató de minimizar el contenido de los delicados audios de su antecesor y en ningún momento se pronunció por ordenar alguna investigación para deslindar responsabilidades derivadas de las declaraciones de Espinoza Licón. Quienes están obligados a hacerlo son la Contraloría del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y todo el Sistema Estatal Anticorrupción, del que forman parte. El grado de pudrición del Poder Judicial en Jalisco, que deja entrever el caso Espinoza Licón, justifica la urgencia de una reforma judicial que, aun con todas las improvisaciones, someta en Jalisco a las urnas a los juzgadores presentes y futuros.jbarrera4r@gmail.com
