La decisión del Gobierno estatal y del Gobierno municipal de Guadalajara de retirar de la Plaza de Armas el antimonumento en memoria de las violaciones a los derechos humanos de decenas de jóvenes al ser golpeados y privados ilegalmente de su libertad por agentes de la Fiscalía del Estado el 5 de junio de 2020, fue una desafortunada acción que volvió a mostrar la falta de empatía que desde el poder se tiene con las víctimas de delitos. El retiro del tótem, perpetrado de noche y apenas unas horas después de que el colectivo En Memoria del 5 de Junio lo había instalado, con el argumento de la falta de permisos, no sólo causó la irritación de esa y otras organizaciones sociales e instituciones como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo que exigieron su recolocación, sino que despertó nuevamente las exigencias de justicia por el llamado “Halconazo tapatío”, por la similitud con la que los agentes de la Fiscalía jalisciense golpearon y sometieron a palos a las y los jóvenes, como lo hizo el grupo paramilitar “Los Halcones” al servicio del Gobierno de Luis Echeverría en el conocido como jueves de corpus el 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México para reprimir una manifestación estudiantil. La falta de tolerancia a las expresiones de crítica mostrada por estas autoridades quedó exhibida aún más luego de que la propia directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Jalisco, Alicia García Vázquez, negó que el antimonumento provocara algún daño al patrimonio histórico arquitectónico del Centro tapatío como argumentó el Gobierno estatal. Basta recordar toda la crisis política que generó en Jalisco aquel conflictivo fin de semana de junio que inició con la protesta por la brutalidad de la Policía de Ixtlahuacán de los Membrillos que asesinó a Giovanni López y que degeneró en inadmisibles ataques a la Policía y actos vandálicos como la quema de patrullas y daños al Palacio de Gobierno; siguió con el mayor momento de confrontación entre el Gobierno estatal y el federal, luego de que Alfaro acusó que la marcha había sido infiltrada desde los sótanos del poder de la Ciudad de México para desestabilizar su Gobierno; y terminó con el escándalo de las detenciones ilegales, que el propio gobernador pensó que podrían haber degenerado en un nuevo caso Ayotzinapa en Jalisco, desapareciendo y dando muerte a los jóvenes detenidos, tras revelar que la Fiscalía estatal estaba infiltrada por la delincuencia organizada.Por todos aquellos abusos policiales que en muchos casos siguen impunes, los jóvenes que pasaron el susto de verse enjaulados en la Base 14 y sometidos a violencia física y psicológica y luego liberados sin sus teléfonos a las orillas de la ciudad sólo para impedir que se manifestarán, tienen el derecho, como un mínimo acto de desagravio, de tener su antimonumento. A otros ciudadanos que no hayan sufrido esta pesadilla, sí que les exijan todos los permisos que la Ley dicte.jbarrera4r@gmail.com
