Qué bueno que el Gobierno mexicano esté tomando medidas preventivas en caso de que se cumpla la amenaza del presidente electo Donald Trump, quien ha dicho que su primera acción al tomar posesión de la presidencia el próximo 20 de enero será ordenar las deportaciones masivas de personas indocumentadas. Hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos se estima que hay cerca de 12 millones de personas indocumentadas, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Pew, de las cuales el 45 por ciento son de origen mexicano; eso significa que 5.4 millones de mexicanos están en riesgo de ser detenidos y regresados a nuestro país, según el Instituto de Políticas Migratorias (MPI). Y esos mexicanos aportan un gran porcentaje de los 63,300 millones de dólares en remesas que anualmente se reciben y que son el principal ingreso de México. Así que, el problema de la deportación no solo es recibir y atender a millones de mexicanos que estarán desocupados y desintegrados a la sociedad mexicana, sino también contemplar el impacto que representará a la economía del país el dejar de percibir un ingreso primordial. Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que ya se trabaja en un plan y que en fecha reciente esperan tener la oportunidad de llegar a un acuerdo con la futura administración de Trump sobre los procesos que se seguirán con las expulsiones, además de solicitar que las personas que no sean mexicanas sean enviadas a sus países de origen y no devueltas a través de nuestro territorio. Esta es una excelente propuesta. Así mismo, el Canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió este miércoles en Dallas, Texas, con 11 cónsules de ese estado fronterizo y con la cónsul de Oklahoma, para estar al pendiente de que se respeten los derechos humanos de quienes resulten afectados con la medida migratoria y coordinar la posible asistencia jurídica que se les pueda proporcionar en caso necesario.Pero qué malo que se quiera dar otra impresión ante “el pueblo”, aparentando que se puede hacer algo, cuando en realidad el gobierno mexicano está atado de manos. Pero vamos por partes. Si el gobierno estadounidense decide llevar a cabo redadas masivas con aquellas personas que ilegalmente están en su territorio, no hay proceso legal que se lo pueda impedir; simplemente están cumpliendo de acuerdo con sus leyes y no hay ninguna asistencia jurídica que los pueda salvar debido al estatus migratorio que tienen. Ahora bien, la Cancillería en México informó que Juan Ramón de la Fuente visitaría un Centro de Procesamiento de la Oficina de Campo del ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) para conocer de primera mano los procesos que deben garantizar las condiciones y respeto de los derechos humanos de los mexicanos en situación de retorno. No suena nada lógico que el Canciller del país vecino visite una dependencia federal para “supervisar” sus procedimientos internos en los procesos de deportación.Así que, ¡qué bueno, pero qué malo! Allá, más allá de las fronteras, no podemos hacer nada y no hay que hacerle al “ensarapado”, pero aquí sí, ver de qué manera vamos a “ayudar” a los deportados y cómo se va a “cubrir” el déficit que dejaría no recibir parte de las remesas. ¿Usted, qué opina?
