Los municipios mexicanos que se encuentran en la frontera con los EU podrían experimentar, en sólo 45 días más, una de las mayores crisis que hayan tenido en décadas. Las amenazas de Donald Trump de iniciar con deportaciones masivas a partir del primer día de su gobierno podrían ser una realidad, incrementando las condiciones de por sí ya críticas existentes en esos territorios.Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Piedras Negras y Miguel Alemán son varias de las ciudades fronterizas que, a pesar de haber logrado niveles importantes de crecimiento económico, generación de infraestructura y capacidades económicas, mantienen las contradicciones y muchos de los problemas estructurales que caracterizan a México en su conjunto.En efecto, la vecindad con los Estados Unidos y la generación de dinámicas de integración transfronteriza ha impulsado la formación de complejas unidades territoriales binacionales que enfrentan retos mayores, los cuales, con el segundo mandato de Donald Trump, podrían entrar en una espiral de nuevos retos y una escalada de contradicciones que en el corto plazo pueden llevar a una severa crisis en varios frentes.Sin duda, el desarrollo de la industria manufacturera de exportación, especialmente en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa, ha generado empleo y ha contribuido al crecimiento económico regional; sin embargo, a pesar de ello, persisten allí elevados niveles de desigualdad y pobreza. La concentración de riqueza en sectores específicos contrasta con la precariedad laboral y la falta de acceso a servicios básicos para amplias capas de la población, que se expresan en cinturones y franjas de exclusión a lo largo y ancho de sus demarcaciones.En evidencia, la región es un punto neurálgico para la migración, tanto de personas que buscan cruzar a Estados Unidos como de trabajadores transfronterizos que residen en México y laboran en el país vecino. Esta movilidad se ha incrementado, pero ha adquirido nuevos matices a partir de la intensificación de los flujos de personas provenientes de Centroamérica y del endurecimiento de las políticas migratorias norteamericanas.Debe considerarse, además, que ese rápido crecimiento poblacional ha sobrepasado la capacidad de infraestructura y servicios públicos en muchas áreas clave para la garantía de los derechos humanos de la población: hay deficiencias en servicios públicos para las viviendas; los servicios de salud son de mala calidad e insuficientes; los servicios educativos no tienen la capacidad de atender a la población local; pero menos aún a las poblaciones migrantes que están llegando a esas localidades. Esto afecta la calidad de vida de los residentes; complejiza e incluso imposibilita una integración cordial para quienes llegan; y, en conjunto, limita las oportunidades y capacidades para la promoción del desarrollo humano.Asimismo, toda la región fronteriza enfrenta desafíos significativos en materia de seguridad, pues se trata del espacio territorial con mayor número de cruces transfronterizos anuales en el mundo; lo cual incluye, por supuesto, todos los tráficos ilícitos imaginables; y en el contexto actual, particularmente en lo relativo a la presencia de los grupos de la delincuencia organizada dedicada al tráfico de drogas y armas.Todo esto, en medio de una realidad que, debe insistirse, está caracterizada por la integración económica con Estados Unidos, lo que ha llevado a una dependencia que no habrá de modificarse en el corto plazo, y que determina las posibilidades y capacidades de nuestro país en lo relativo a la construcción de un curso de desarrollo incluyente y garante de los derechos humanos.Con todo lo anterior, debe tenerse en consideración que la combinación de deportaciones masivas, la precariedad en infraestructura y servicios, así como una escalada de la violencia, acentuaría las desigualdades existentes en los municipios fronterizos, pues a pesar de su importancia económica, enfrentan desafíos estructurales que las colocan en una situación particularmente vulnerable.Estamos, pues, ante la urgencia de generar nuevas estrategias que prioricen el desarrollo regional, que garanticen derechos humanos y que generen condiciones socioeconómicas para hacer frente a las adversidades que se avecinan; y eso se logrará sólo en la medida en que diseñemos una nueva fórmula para crecer con equidad.
