Estimado Toussaint:Leí tu artículo “Posverdad y propaganda en Huentitán” publicado en Milenio Jalisco. Leí también las reacciones en redes y el tuit del gobernador Enrique Alfaro que lo calificó de “extraordinario”.Me tomo la libertad de rebatir algunos puntos. Lo hago con una convicción: ensanchar el debate público. A diferencia de la opinión del gobernador, claro que “hay mucho más qué decir” después de tu artículo (hoy Lemus defenderá Iconia ante los medios).La mala prensa del gobernador es producto de la incongruencia entre sus palabras y sus acciones. Tienes razón, una parte aceitada por la maquinaria universitaria, pero también por periodistas, colectivos y ciudadanos críticos, sin una agenda pro Grupo Universidad.Coincido en que la UdeG requiere de mecanismos democráticos para liberarse del padillato, pero eso no convierte a Alfaro automáticamente en “el bueno de buenolandia”.Sobre la FEU como organización política al servicio de los intereses universitarios, nada qué agregar. Por eso mi insistencia en voltear a ver y escuchar a los pobladores de Huentitán.Ahora, interpretar el número de manifestaciones como indicador de libertad y no del ríspido humor social es francamente un sesgo que favorece al gobernador. Hasta julio del año pasado, Alfaro acumulaba dos mil 212 protestas –más del doble que Aristóteles– y de esas sólo 117 eran de la UdeG, según la Secretaría General de Gobierno.La cárcel y la censura explícita son la faceta extrema de un Gobierno autoritario. Los levantones de estudiantes el 4 de junio en Calle 14 y el encarcelamiento de los pepenadores tienen ese rasgo. Hay además una censura más sutil: la lógica del premio y el castigo a medios con la pauta oficial, y el “vacío” a los que no se alinean. De 200 entrevistas concedidas por Alfaro hasta el año pasado, la mitad fueron a medios nacionales y la otra parte a los medios locales con más presupuesto público. Y eso dejando de lado las formas, como llamar “pasquín” a un periódico o “gatillero” a un columnista en un contexto de creciente violencia contra la prensa.En cuanto a la “involución autoritaria”, el IMCO mide principalmente el “sano ambiente para hacer negocios” en Jalisco. Iconia es un gran negocio privado en detrimento de lo público. Bajo esa lógica deberíamos ocupar el primer lugar, no el octavo.Sobre la injerencia del gobernador en el encarcelamiento de los estudiantes, ofrezco otro dato más ad hoc: el Índice de Estado de Derecho en México de World Justice Project revela que en Jalisco los Poderes Legislativo y Judicial perdieron autonomía y eficacia como contrapesos de 2019 a 2022.Invadir propiedad privada es un delito en México, Francia o Alemania. ¿Pero por qué sólo en México un juez encarcela por esa razón? La medida cautelar, coincidimos, era irrazonable. ¿El juez simplemente se equivocó? La teoría de la “equivocación” y la rectificación, ¿la explicamos como la autodeliberación de un solo hombre? Si detrás no está el gobernador, sí los intereses de poderosos –la empresa– que él y Lemus defienden y justifican.Finalmente, el predio de Iconia es privado porque el gobernador, como alcalde de Guadalajara, se lo entregó a la empresa sin cumplir con la contraprestación. ¿El banco te entregaría las escrituras de tu casa antes de terminar de pagarla? Como mencionas, no hay que “cerrar los ojos cuando se viola la ley”; tampoco cuando se comete un despojo de lo público.La posverdad es un término de moda que muchas veces se ha empleado con espectacularidad para simplificar fenómenos complejos. A diferencia de una simple mentira, la posverdad tiene una fuerte conexión con lo político y el poder, desde donde se construye. Por eso dudo que en el asunto de Iconia Alfaro sea exclusivamente una pobre víctima de la posverdad. El tema no puede reducirse sólo a política, política y más política. Este es un debate sobre el derecho a la ciudad y a quién le pertenece. jonathan.lomelí@informador.com.mxJonathan Lomelí
