Sin llamado en primera plana, el diario La Jornada reveló ayer en su página 13 una información atronadora. Está firmada por el experimentado Gustavo Castillo García. Sus cuatro párrafos iniciales son los siguientes:“La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) prepara una nueva propuesta de legislación en materia de seguridad interior que, de aprobarse, convertirá a la Guardia Nacional en instrumento importante para la seguridad pública y coadyuvante de la seguridad interior y nacional, afirmó un alto jefe militar.“De este modo el Ejército retomará una legislación que impulsó el Gobierno entre 2016 y 2018 y que fue aprobada por el Congreso de la Unión, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la declaró inconstitucional.“El general y piloto aviador Javier Sandoval Dueñas, subjefe de Doctrina Militar del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, reveló a La Jornada que el instituto armado recibió instrucciones para “retomar la Ley de Seguridad Interior que permita, ya con la Guardia Nacional integrada a la Defensa Nacional, presentar una propuesta de legislación acorde a las necesidades actuales”.“Ejemplificó cómo algunos problemas o delitos se van transformando de ser asuntos de seguridad pública a situaciones que afectan la seguridad interior y nacional, al poner en riesgo la operación de las instituciones gubernamentales, la producción de alimentos básicos y su exportación o traslado para el consumo interno, el control de precios o el abasto de mercancías”.Varias cosas reveladoras de esta entrevista. En primer lugar, eso de que el “instituto armado” “recibió instrucciones”. ¿Quién dio esas instrucciones? ¿La Presidenta Claudia Sheinbaum? ¿El general secretario Ricardo Trevilla?Se reabrirá así un debate zanjado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en noviembre de 2018 invalidó la ley de seguridad interior aprobada en 2017. Hoy, con la Guardia Nacional, ¿habría menos preocupación que la que se suscitó con aquella reforma?Cabe recordar que en noviembre de 2017, en el marco de la aprobación de la LSI de Peña Nieto, diversos colectivos denunciaron sus “peligrosas ambigüedades” y denostaron el otorgamiento de “atribuciones que deben corresponder exclusivamente a instituciones civiles, normalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en labores policiales contribuiría a perpetuar la situación que se busca subsanar. Si hoy los gobiernos federal y estatales no han cumplido con su obligación legal de construir corporaciones de Policía eficaces, menos aún lo harán si cuentan con el recurso legal para encubrir dicho vacío institucional con requerimientos de intervención militar”.Los colectivos demandaban el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en todos los niveles de Gobierno, incluyendo policías estatales, pero también procuradurías, poderes judiciales y reclusorios.Y advertían que “seguir dependiendo de las Fuerzas Armadas no va a fortalecer nuestras instituciones de seguridad pública; coadyuvará al desgaste de dos de las instituciones más importantes del país: el Ejército y la Marina”.No eran los únicos que así pensaban. El entonces ministro Arturo Zaldívar publicó en Milenio el 27 de noviembre de 2018 que “desde mi punto de vista la Ley de Seguridad Interior, bajo la fachada de normar la seguridad interior como una vertiente de la seguridad nacional, lo que en realidad hacía era regular una función de seguridad pública a cargo de las fuerzas armadas, en un verdadero fraude a la Constitución en sentido técnico, es decir, que de manera subrepticia la ley autorizaba que las fuerzas armadas llevaran a cabo tareas que materialmente son de seguridad pública, llamándolas simplemente acciones de seguridad interior, con la única finalidad de eludir el mandato constitucional de que las funciones ordinarias de seguridad pública deben estar a cargo de autoridades civiles”.Mucho cambió (para mal) desde 2018 sobre militarizar la seguridad. Y al respecto, en el último mes la Presidenta Sheinbaum ha rechazado la pretensión de Estados Unidos, y hasta de Canadá, de catalogar a las organizaciones criminales mexicanas como grupos terroristas.La ley de Peña Nieto establecía un procedimiento para declarar afectación a seguridad interior a fin de desplegar de forma acotada al Ejército. Desde el sexenio anterior, Morena determinó un despliegue indiscriminado, mismo que legalmente tiene permiso hasta el 2028.¿Qué implica la nueva ley? ¿Más margen de maniobra para labores de inteligencia para la Guardia Nacional? ¿Más discrecionalidad de cuándo combatir a criminales como si fueran una amenaza interna para la estabilidad del Estado y para la soberanía?Repito, el general Sandoval justifica esa nueva ley para atender “problemas o delitos que se van transformando de ser asuntos de seguridad pública a situaciones que afectan la seguridad interior”. ¿Como los que cometen los cárteles? Es pregunta, general.En conclusión, Defensa anuncia en entrevista periodística que va por instrumentos legales para más militarización de la seguridad interna… ¿en una de esas para combatir a los delincuentes como amenaza soberana? ¿Como Trump?
