Hace doce años, en agosto de 2012, Salvador Magaña Martínez ex regidor en el municipio de La Huerta, nos acompañó a un recorrido por algunos puntos de la costa de Jalisco para confirmar que la mayoría de las playas del Estado estaban privatizadas. Se habían cumplido dos años desde que el Gobierno del panista Emilio González Márquez había echado mano de la fuerza pública para despojar a los habitantes de la playa de Tenacatita de su patrimonio y de, prácticamente, sus memorias y recuerdos al desalojarlos violentamente para cumplir una sentencia en favor de un empresario de Guadalajara.Salvador Magaña, como regidor, militante o activista, conocía como pocos la oleada de despojos de playas y bienes públicos en la costa, pero también denunció la devastación que los talamontes ilegales provocaban en la sierra de Manantlán. Sabía que detrás de esos afanes de despojo y privatización de bienes públicos había poderosos intereses empresariales protegidos por los gobiernos de distintos niveles. Pero también había intereses del crimen organizado.Magaña contaba que detrás de algunos casos de despojos en las playas jaliscienses no estaban detrás solamente intereses del capital turístico-inmobiliario sino también del crimen organizado. Se impedía el ingreso a algunas playas jaliscienses para permitir por las noches el trasiego de drogas.Era tal la presencia del crimen organizado en algunos municipios de la costa de Jalisco, que literalmente despachaban en las oficinas de gobierno. Salvador Magaña contó que un presidente municipal de La Huerta, recién electo, fue citado a una reunión por el jefe de plaza del cártel que dominaba la región. La cita fue en la propia alcaldía y la orden fue que le dejara poner al jefe de la policía municipal y que así no tendrían problemas. Cuento esta revelación de Salvador Magaña porque ahora ya no está con nosotros. Como se sabe, el entonces político de Movimiento Ciudadano fue privado de la libertad el 23 de diciembre de 2017 y un día después su cuerpo fue encontrado en la carretera federal 80, cerca de la localidad del Totole, asesinado con un arma punzocortante.Dos sexenios de administraciones federales y locales han pasado desde que Salvador Magaña denunciara este contubernio entre gobiernos municipales y las organizaciones del crimen organizado. Y en esos doce años se puede afirmar que la penetración del crimen organizado en gobiernos municipales y de otros niveles no han disminuido sino que ha aumentado. Y no se trata solo de municipios pequeños y alejados de la capital estatal, sino que la presencia del crimen organizado dentro de los gobiernos ocurre en municipios de todos los tamaños, como en Poncitlán, donde la autoridad solapa las amenazas de los delincuentes en contra de los defensores de las tierras de las comunidades indígenas.Traigo estos ejemplos a colación ahora que el gobierno federal en coordinación con el Gobierno del Estado de México llevaron a cabo la Operación Enjambre mediante la cual detuvieron a una veintena de servidores públicos y funcionarios de once municipios de aquella entidad, el pasado fin de semana. Los detenidos están acusados de proteger y participar en actividades ilícitas de grupos como La Familia Michoacana y el Cártel Nueva Generación (CNG). Las detenciones fueron precedidas de meses de investigación de las actividades delictivas de los funcionarios y se ha presumido como un cambio de estrategia contra la inseguridad y el crimen organizado por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es pronto para saber si realmente es un viraje en la estrategia del gobierno federal que a partir de ahora se implicará a fondo para enfrentar una de las fuentes de la violencia organizada que padece la sociedad mexicana: la corrupción y las complicidades que existen entre gobernantes de todos los niveles y las organizaciones del crimen organizado.Hace falta combatir muchos enjambres donde las autoridades anidan a la delincuencia organizada. Si no se combaten estas cadenas de impunidad que se generan en las turbias y corruptas relaciones entre gobernantes y las bandas del capitalismo ilegal, es impensable erradicar la violencia que padecemos en México. El narcotráfico y otras actividades del capitalismo ilegal existen solamente porque el Gobierno las solapa.
