Las intervenciones y desarmes a las comisarías de la Policía de Teocaltiche y de Villa Hidalgo, para buscar depurarlas y liberarlas de la infiltración delincuencial, quedarán como las primeras del sexenio de Pablo Lemus.La pregunta es si marcarán una diferencia frente a las casi 30 intervenciones a esas y otras policías municipales que se han sumado en las últimas dos administraciones estatales.¿Dejarán de ser operaciones de supervisión estériles como han sido en los últimos 12 años o de verdad serán útiles para detener y procesar a los malos policías cómplices de los grupos delincuenciales?Y lo más importante: ¿Eso ayudará a ir pacificando los municipios a los que sirven y que están hoy sumidos en una espiral de violencia provocada por la disputa de los grupos del crimen organizado por ser los que manden en esos territorios?En la mayoría de las ocasiones anteriores, los policías municipales sometidos a revisión por la Policía Estatal y el Ejército Mexicano eran trasladados a la Academia Policial para verificar el estatus de sus pruebas de control de confianza. En el debut del Gobierno de Lemus en estos operativos, luego de la muy grave desaparición de ocho uniformados de Teocaltiche y el chofer que los traía a Guadalajara, se decidió remitirlos a la Fiscalía del Estado en calidad de presentados. ¿Eso ayudará a fortalecer las policías y limpiarlas de complicidades delincuenciales?La respuesta a esta incógnita sigue sin despejarse. Mientras, los elementos que fueron desarmados y traídos a declarar a la Calle 14 de la Fiscalía volvieron ayer a sus municipios. ¿Cuántos de ellos seguirán en su comisaría? ¿Cuántos renunciarán?En el caso de Teocaltiche, la del miércoles fue la cuarta intervención en los últimos seis años. Nunca supimos qué se detectó y de qué sirvió. ¿Esta vez sí habrá una exposición pública de lo encontrado en ambas comisarías?Hasta ahora, ni el debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ayudado a que se evolucione en estas intervenciones policiales, que parecen más un recurso desesperado de las autoridades para despresurizar situaciones de crisis. En marzo de 2018, el Gobierno estatal que encabezaba el finado Jorge Aristóteles Sandoval ordenó intervenir la inestable Policía Municipal de Tlaquepaque, que ya había cambiado cuatro veces de comisario. Además de toda una serie de hechos violentos, se presumía también una grave infiltración delincuencial. La entonces alcaldesa emecista de ese municipio, María Elena Limón, no estuvo de acuerdo en ese operativo, ya que acusó que tenía claros tintes políticos y presentó a la Corte una controversia constitucional.El caso es que nunca se fue al fondo del asunto, el Gobierno estatal contestó sólo las argumentaciones legales de su facultad para intervenir, pero no las motivaciones y se concluyó el 13 de febrero de 2019, simplemente con el fallo de que era “procedente pero infundada la controversia de Tlaquepaque”. Fue una oportunidad perdida para mejorar estas operaciones que hasta hoy han sido estériles para fortalecer a las débiles policías municipales que son el blanco favorito y más eficiente para que la delincuencia organizada asuma el control de los territorios.jbarrera4r@gmail.com
