El caso del narcocampamento en Teuchitlán, Jalisco, adquirió una nueva dimensión política y criminal sin precedentes tras ser abordado en la mañanera de Palacio Nacional.Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, declaró que antes de decidir si atrae el asunto, investigará “la historia de lo ocurrido”.“No es creíble –dijo– que una situación de esa naturaleza no haya sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del Estado”.El telón de fondo sugiere dos líneas ante una versión cuestionable de la Fiscalía de Jalisco: negligencia o protección a un cártel por parte de funcionarios estatales y municipales.En mi columna de ayer “Fiscalía omisa en Teuchitlán (II)” glosé –hasta donde sabemos– los “descuidos” de la dependencia tras asegurar el Rancho Izaguirre en septiembre de 2024, en la pasada gestión.Dejaron sin revisar a fondo el terreno de una hectárea, donde la semana pasada Guerreros Buscadores de Jalisco ubicó tres fosas tipo crematorios y restos de huesos calcinados.La dependencia también abandonó cientos de indicios, ropa, zapatos, cuadernos, mochilas y objetos personales trazables para localizar e identificar posibles víctimas.Consulté a un perito forense que trabajó en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a un ex Ministerio Público de la Fiscalía estatal. Ambos consideraron, basados en su experiencia, que es casi imposible que los altos mandos no estuvieran enterados de lo ocurrido en el rancho de Teuchitlán.Centrar toda la culpa en una agente del Ministerio Público que “malinformó” a sus superiores es inverosímil, como sugiere Gertz Manero. Hay protocolos de atención y resguardo de la escena, registros gráficos del lugar y procedimientos criminalísticos certificados cuya omisión deliberada es difícil de pasar por alto sin que un superior se entere.Esto involucra directamente a Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, fiscal especial en Personas Desaparecidas desde la gestión anterior; y al ex fiscal del Estado Luis Joaquín Méndez. Asimismo, al ex gobernador Enrique Alfaro.En los meses posteriores al aseguramiento del rancho, el ex mandatario negó reiteradamente un problema de reclutamiento forzado en Jalisco y lo calificó de “psicosis” de los medios. Mientras, sus fiscales omitían procesar e investigar un centro de adiestramiento y desaparición del crimen.¿Por qué la insistencia del ex mandatario en negar el problema? El fiscal General de la República –en consonancia con la Presidenta– posiblemente ofrezca una respuesta en una nueva dimensión política y criminal del caso Teuchitlán.
