A más tardar el viernes próximo, 31 de enero, de acuerdo con la iniciativa presentada en el Congreso del Estado por parte de los diputados de Morena, Hagamos, Futuro, Verde y Partido del Trabajo, deberían aprobarse reformas en la Constitución del Estado de Jalisco para modificar la integración del Poder Judicial local y habilitar elecciones públicas de cuando menos la mitad de los jueces y magistrados estatales.Además de esas reformas, los morenistas y sus aliados proponen que se acuerden ya los mecanismos legales de selección de candidaturas para quienes deseen ser integrantes del Poder Judicial, desaparecer el Consejo de la Judicatura y establecer un organismo judicial administrativo de los recursos y el presupuesto, además de crear un tribunal local que revise y sancione el comportamiento de los juzgadores.Adicionalmente, también pretenden que se aprueben los lineamientos para que, a más tardar en marzo, inicie la campaña para que el primer domingo de junio de este año los jaliscienses sean convocados a votar para la elección de los jueces.¿Se necesita dinero para organizar todo esto? El Gobierno del Estado, afirmaron, cuenta con 14 mil millones de pesos adicionales en el presupuesto anual 2025 como para que se financie, sobradamente, el proceso electoral.¿Cuál es el motivo central de esta urgencia para aplicar una reforma al Poder Judicial estatal y organizar a la brevedad todo el proceso si también podría efectuarse hasta las elecciones constitucionales del año 2027? La respuesta: Con la elección ciudadana de jueces y magistrados se mejorará la impartición de justicia en el Estado, se combatirá la corrupción y se atacarán las prácticas de nepotismo y privilegios presupuestales.¿Es cierto esto? ¿Con la elección se garantizan todas esas mejoras?Se hace indispensable dudar.Partamos de una premisa fundamental: el Poder Judicial en Jalisco debe ser reformado. Ha sido fuente de escándalos desde hace años y los magistrados que lo han encabezado resultaron envueltos en negociaciones políticas totalmente cuestionables y fueron descubiertos en relaciones de poder que caben perfectamente en la definición de contubernios.Es verdad que el Poder Judicial se convirtió en un espacio de cuotas partidistas.Es totalmente cierto que hay desequilibrios en la administración de recursos; todos saben o sospechan de la corrupción.Urge una reforma. El Poder Judicial de Jalisco no puede continuar así. La administración de justicia debe transparentarse, vigilarse, agilizarse.También debe reformarse la actuación y capacitación del Ministerio Público.Es indispensable modificar el sistema penitenciario.¿Y esa enorme lista de pendientes se resolverá con la elección ciudadana de jueces y magistrados? Hay muchos análisis especializados que lo cuestionan; evidencian que sí se desplazará a algunos de los que hoy controlan el Poder Judicial como su fuente particular de enriquecimiento e influencia, pero sólo para que lleguen otros.Una reforma real, eficiente y que provoque cambios duraderos en el tiempo —no pueden ser inmediatos— requiere análisis, negociación y compromisos.Concretar la reforma según la propuesta de Morena es prácticamente imposible y, aún más, sería irresponsable.Los jaliscienses merecen cambios de fondo en Poder Judicial, y si hay que ir a las urnas para votar por los jueces porque no hay otra opción, debe hacerse, pero no hará diferencia hacerlo en junio de 2025 o hasta 2027.
