Jugando un patético papel de moderno Torquemada, Pablo Gómez Álvarez, viejo militante de la izquierda mexicana, luchador de mil batallas cívicas, denunció en la Mañanera que la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) recibe dinero del gobierno estadounidense a través de USAID, un fondo del Departamento de Estado que financia organizaciones de la sociedad civil y a gobiernos subnacionales (estados y municipios) a los que considera importantes para el desarrollo democrático. Son muchísimas las organizaciones y gobiernos que han recibido dinero de esta agencia y muchas las historias de su papel desestabilizador de gobiernos comunistas en los años 80’s. El fondo financia y ha financiado proyectos que son incómodos para los gobiernos. En los años noventa financiaron organizaciones que trabajaban en la agenda de transición a la democracia en México y hoy el apoyo es esencialmente a ONG’s que generan información independiente, como México Evalúa, o hacen periodismo fuera de los medios tradicionales, uno de ellos Mexicanos Contra la Corrupción.Le puede gustar o no al presidente el trabajo que hace esta organización. Seguramente una parte sí, aunque no lo reconozca, pues ha usado información generada por MCCI para perseguir a enemigos políticos, como fue el caso de Rosario Robles, o para denunciar corrupción en la casa Blanca de Peña Nieto o el caso Odebrecht por el que se acusó a Emilio Lozoya. No le gustó tanto cuando comenzaron a investigar a sus aliados, como fue el caso de Carlos Lomelí, o las adjudicaciones directas en la compra de medicinas, el Tren Maya o la construcción de Dos Bocas. El gobierno de López Obrador y todas las personas señaladas en un reportaje tienen derecho a desmentir lo que se diga de ellos, incluso a debatir la interpretación de los datos si no están de acuerdo. A lo que no tiene derecho el gobierno es a usar las instituciones del Estado para perseguir políticamente a quienes considera sus enemigos. Lo que vimos en la Mañanera de ayer es un abuso de poder y tiene que denunciarse como tal. Hacer una protesta diplomática al gobierno de Joe Biden porque se financia a organizaciones que son críticas con su gobierno es confundir al Estado con su persona, al más puro estilo de Luis XIV. Eso y no otra cosa es el absolutismo (régimen político en el que una autoridad domina todas las manifestaciones del poder del Estado, que puede ejercer sin límites). Hacer una reforma legal, como propuso ayer, para “regular” los donativos a las ONGs y así controlar desde el poder quién debe y quién no debe existir es un claro mecanismo de censura y control político, es un atentado contra la libertad de información y el derecho a disentir.diego.petersen@informador.com.mx
