Desaparecidos, prioridad nacional

Asquerosa. Esta palabra define la respuesta que la clase política profesional está dando a la crisis por desapariciones que se vive en todo el país y que se ha manifestado con toda su crudeza con la revelación de miles de prendas dejadas por las victimas que eran entrenadas por una célula del crimen organizado en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán.

Las políticas y políticos de todos los partidos dicen de manera hipócrita estar del lado de las víctimas, cuando en realidad están del lado de sus propios intereses. Desde el gobierno de Morena y sus aliados se intenta minimizar el hallazgo del rancho, tratando de negar que había hornos crematorios y mucho menos un centro de exterminio. A lo mucho admiten que era un campo de entrenamiento.

Desde la oposición aprovechan esta tragedia, que representa el dolor de miles de familias, para montarse en la legítima indignación social y golpear al Gobierno de la Cuarta Transformación reprochándole su indiferencia y resaltado una crisis de seguridad que justo se fue gestando en los gobiernos que encabezaron ellos mismos.

Miserables todos. Dicen defender a las víctimas cuando las utilizan para seguir manteniéndose en el poder o tratar de disputarlo.

Mención aparte merecen los defensores del oficialismo que, desde el pseudo periodismo de youtubers, se convierten en más papistas que el Papa, o articulistas que se sitúan a sí mismos a la izquierda y, sin embargo, se han encarnizado con las familias de las víctimas acusando a madres buscadoras de hacer un montaje para golpear al Gobierno de la Cuarta Transformación. Es infame que se acuse a las víctimas de estos montajes cuando no muestran empatía ni pueden sentir ni por un momento el dolor de tener a un hijo desaparecido.

El debate no es si el Rancho Izaguirre era sólo un centro de entrenamiento o también un centro de exterminio, ni si eran cientos o decenas de víctimas. Como bien situaron la discusión los integrantes del Comité Universitario en Materia de Desaparecidos de la Universidad de Guadalajara, lo relevante es el cúmulo de delitos y violaciones a derechos humanos que se cometieron ahí y lo que el mismo rancho revela: por un lado la corrupción y complicidad de partes importantes del Gobierno, primero, al permitir que un centro de entrenamiento del crimen organizado así operara a la luz de todos, y luego, que se ignoraran y se encubrieran todos los indicios en el cateo del rancho en septiembre pasado, y que fueron revelados el 5 de marzo en un video del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.

Lo relevante de esta discusión no es sólo el rancho de Teuchitlán, sino las decenas o quizá cientos de lugares semejantes que existen no sólo en Jalisco, sino en el resto del país.

Así que toda la clase política debe dejar de hacerse pendeja y centrar la mirada en lo urgente y lo importante: la crisis por desaparición de personas que existe en todo el país y que el acontecimiento del Rancho Izaguirre pone nuevamente en evidencia.

La crisis por desaparición de personas ha sido propiciada por la incompetencia, la negligencia y la complicidad de los gobiernos de todos los partidos con el crimen organizado. Algunos han dicho que les interesa resolverla cuando en realidad la administraron y la dejaron crecer. Así lo hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dio pasos correctos al comienzo de su administración, pero al final dio un viraje que terminó traicionando a las familias buscadoras.

Ahora, el Gobierno de Claudia Sheinbaum debe dejar de ver el escándalo del rancho de Teuchitlán como un tema que la oposición está utilizando en su contra (que es cierto), para convertirlo en una oportunidad de dar un viraje radical y enfrentar decididamente la crisis por desaparición de personas que lastima a toda la sociedad.

Ya lo dijeron los colectivos de las víctimas: los seis puntos que presentó la Presidenta Sheinbaum la semana pasada como primera respuesta a la crisis derivada del rancho de Teuchitlán son insuficientes y demuestran que ni ella ni su Gobierno están bien informados sobre la crisis por desapariciones.

Debe consultar a las familias y, por primera vez en la historia de los gobiernos de México, convertir la crisis por desaparición de personas en el principal problema social y político a enfrentar, destinar los recursos humanos y materiales necesarios y hacer, por fin, una política eficaz en contra de las desapariciones y la persecución y castigo a los perpetradores, sean del gobierno o sean del crimen organizado.

Detener las desapariciones y buscar a los desaparecidos debe ser la prioridad nacional.

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