Empresarios han solicitado mesas de diálogo con el Gobierno federal para evaluar la viabilidad de poner un precio máximo de 24 pesos por litro de gasolina, medida anunciada ayer por la Presidenta Claudia Sheinbaum.Así lo indicó Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien confirmó que han solicitado una reunión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para discutir la iniciativa.“Lo vamos a platicar con Hacienda y ya pedimos tener una mesa de trabajo para platicar lo del tope máximo a la gasolina”, señaló Cervantes en declaraciones a periodistas.Los representantes del sector privado también indicaron que el control de precios podría generar consecuencias económicas negativas, como presiones inflacionarias y alteraciones en el mercado energético.Por su parte, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, advirtió que establecer un límite al precio de la gasolina sin considerar el contexto económico y geopolítico podría ser contraproducente.“El control de precios siempre genera otro tipo de acciones. Lo que se necesita es congruencia entre los incrementos que se van a dar y la realidad económica del país”, afirmó también ante la prensa.Rodríguez explicó que un control estricto sobre el precio del combustible podría generar distorsiones en el mercado, afectar la rentabilidad del sector energético y provocar un efecto inflacionario en bienes y servicios, al subrayar que el transporte de productos depende en gran medida del costo de la gasolina.Ante la preocupación del sector privado, Rodríguez mencionó que se trabaja en una propuesta para encontrar afinidades con el Gobierno, similar a la iniciativa del Paquete Contra la Inflación y la Carestía, mediante el cual empresarios y autoridades lograron un acuerdo para contener el precio de productos de la canasta básica sin aplicar controles de precios.“Nosotros coincidimos en que se mantengan precios razonables que permitan estabilidad comercial. Si se va a incrementar el precio, que no sea de manera abrupta. Un incremento mayor a 24 pesos sería dañino, pero un control estricto también podría generar riesgos innecesarios”, añadió.El sector empresarial espera que en los próximos días se formalicen las mesas de trabajo con el Gobierno para definir una estrategia que equilibre estabilidad económica y certidumbre en el mercado de combustibles.EFE El acuerdo del Gobierno Federal de pactar los precios de la gasolina a 24 pesos es consecuencia de un mal diagnóstico y puede tener consecuencias nocivas para Pemex, los empresarios, las finanzas públicas, los consumidores y la seguridad del país, de acuerdo con la agencia especializada PetroIntelligence.La empresa que dirige Alejandro Montufar y que monitorea los precios de las gasolinas en México apunta que “el pacto voluntario surge de un mal diagnóstico de la problemática del sector gasolinero, la falta de coordinación entre las distintas instituciones del Gobierno Federal y los vacíos de poder que están generando la transición de la CRE y la COFECE”.En cuanto a la medida específica de 22 y 24 pesos, la consultora vislumbra distintos retos y efectos negativos. En primer lugar, la mayoría de las terminales de Pemex tiene un precio por arriba de 22 pesos por litro, lo que, en la práctica, va a generar un subsidio por parte de la petrolera a fin de que todas las terminales puedan ofertar combustible a ese precio.“Dicho subsidio lo hemos estimado entre el 8 y el 10% de la recaudación de 2024 de IEPS por gasolinas y diésel”, señaló.Para PetroIntelligence, en segundo lugar, la velocidad de los resultados de esta medida no es la máxima que se puede obtener, ya que el precio al público está determinado en 50% por el valor del combustible per se, que está en función del mercado internacional; en 40% por impuestos, y en 10% por la cadena de valor, que consiste en las actividades de comercialización, distribución, transporte y expendio (las estaciones).“Es decir, la manera más rápida para el Gobierno sería el componente fiscal del 40% y no aquel de mercado del 10%, ya que este no tiene control del precio internacional y sí del fiscal, y es más complicado garantizar el efecto en el precio a través de un gran número de empresas que mediante una sola acción por parte del Gobierno”, apuntó.En tercer lugar, una brecha para la cadena de valor indicada de solo dos pesos por litro no es suficiente para todas las empresas participantes, ya que solamente para el expendio, las estaciones de servicio, se estima en más de tres pesos por litro, de los cuales 50 centavos son necesarios para el cumplimiento regulatorio por parte de las estaciones. CT
