El debate sobre la verificación vehicular y la construcción de un viaducto (“segundo piso”) o de un paso deprimido (“túnel”) en la Avenida López Mateos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, es paradigmático de los dilemas de muchas ciudades del mundo. Pero a este debate le ronda un fantasma que pocos mencionan: las responsabilidades por las muertes prevenibles. No hablamos de accidentes, sino de fallecimientos atribuibles al aire impuro, al tráfico autorizado y a una verificación vehicular deficiente. Si un funcionario, sabiendo que puede prevenir una muerte, no actúa, ¿Comete homicidio? Aunque parezca extremo y absurdo, exploremos la posibilidad de que algunas autoridades, al autorizar obras o implementar políticas de verificación simuladas sin medir sus impactos en la salud, incurran en una forma de irresponsabilidad moral, e incluso en una conducta con consecuencias penales si sus decisiones derivan en muertes. Sin perjuicio de que el derecho penal mexicano aún no contempla la contaminación atmosférica como causa directa de homicidio, la relación causal entre decisiones públicas y muertes por contaminación está demostrada científicamente y podría, en el futuro, constituir un precedente jurisprudencial. Los funcionarios públicos que incurren en omisión deliberada y falta de previsión de daños podrían ser acreedores de sanciones por homicidio culposo (sin intención, pero por negligencia o impericia), homicidio por omisión (cuando el autor, sabiendo que puede ocurrir la muerte, no actúa) u homicidio doloso eventual (cuando, a sabiendas acepta el riesgo de que alguien muera). En otros países ya se han fincado responsabilidades penales por muertes derivadas de negligencia ambiental: Flint (EE.UU.), Bhopal (India), Taranto (Italia), Mariana y Brumadinho (Brasil), y los casos Eternit y PFAS-Miteni (Europa). Estos antecedentes muestran que la omisión institucional frente a la contaminación con riesgo de mortalidad previsible puede integrar elementos típicos de algunos tipos de homicidio.Los funcionarios de salud, movilidad, economía e infraestructura en Jalisco saben o deberían saber que debilitar la verificación y ampliar la infraestructura vehicular incrementará la contaminación atmosférica y aumentarán las pérdidas económicas de la ciudad por el deterioro a la salud. También los legisladores estatales, aunque tengan fuero y no puedan ser acusados por este tipo de homicidio, tienen una responsabilidad ética y moral de exigir información para legislar con el objetivo de reducir las muertes y el sufrimiento de sus electores. Todas y todos los funcionarios y legisladores están obligados a respetar y hacer respetar la Constitución mexicana, la cual en su art. 4° reconoce el derecho a un medio ambiente sano y a la salud. El principio de precaución obliga a prevenir daños incluso ante incertidumbres técnicas (art. 15 de la LGEEPA), y la Ley General de Salud (art. 3°) ordena controlar la contaminación ambiental. Aprobar obras, pese a los riesgos conocidos, implica dolo eventual. Es su responsabilidad profesional averiguar los efectos de sus decisiones mediante consulta con especialistas y exigiendo que se realicen estudios científicos interdisciplinarios que, mediante modelos matemáticos, predigan las consecuencias para la salud, en la mortalidad y en la economía de la construcción del viaducto y de debilitar la verificación vehicular. Los funcionarios deben ofrecer certeza de que sus decisiones mejorarán la calidad del aire. Ignorar o no solicitar los estudios necesarios constituye omisión deliberada, y este componente está ausente en el debate actual. Numerosos estudios en Europa, EEUU, México y Asia (OMS, ISGlobal, EPA, NMMAPS, APHEIS, EMECAM, GBD, Estado del Aire Global del Instituto de Efectos sobre la Salud, entre otros) muestran que la contaminación vehicular compuesta por partículas finas (PM2.5), óxidos de nitrógeno (NOₓ) y compuestos orgánicos volátiles (COVs) agrava enfermedades como asma, bronquitis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes (tipo 2) y problemas cardiovasculares y renales- y también mata personas. Además, estudios desde 2020 han demostrado que las partículas generadas por la fricción de los frenos de discos y de las llantas con el asfalto son altamente tóxicas, a veces más que las emisiones de combustión. El peso de la responsabilidad es aún mayor considerando que el sector del transporte es responsable de aproximadamente el 23–25% de las emisiones de gases de efecto invernadero que impulsan el calentamiento global.Datos de WRI México, IHME/GBD, NECC/SEMARNAT indican que en 2019 hubo más de 48 mil muertes prematuras por aire contaminado en México. El GBD 2017, citado en la NOM-172-SEMARNAT-2019, señala más de 38 mil muertes por PM2.5 y ozono. El PACmetro (2021-2023) estima 2 mil 400 muertes prematuras anuales en Guadalajara por esta causa, superando por mucho las muertes por accidentes viales en esos años. ICCT/IMCO/ICM estiman que los mejores estándares podrían evitar 9 mil muertes al año.Para los que no les importe la salud de las personas y les importe más el dinero, existen al menos 25 estudios médico-económicos que se han realizado en unas 30 ciudades del mundo, los cuales calculan que las pérdidas monetarias causadas por el impacto a la salud de la contaminación vehicular ascienden desde unos 100 millones de dólares hasta más de 600 mil millones de dólares al año, dependiendo de variaciones en el tamaño de la región o ciudades estudiadas, los niveles de contaminación, los costos médicos locales y la metodología aplicada. Estas cifras se calculan con base a los gastos sanitarios directos para el tratamiento de las enfermedades (consultas, hospitalizaciones, medicamentos, intervenciones quirúrgicas, etc.), los costos indirectos por pérdida de días laborales por enfermedad (morbilidad), los años de trabajo perdidos por mortalidad prematura, y los costos de bienestar (relacionado con la cuantificación económica del dolor, sufrimiento y pérdida de calidad de vida). Todos los estudios coinciden en que la contaminación vehicular genera costos y pérdidas económicas a la ciudad. Por tanto, cuando en Jalisco se debate un viaducto en la Avenida López Mateos o se plantea derogar y debilitar el programa de verificación vehicular, no estamos ante simples disputas técnicas de ingeniería civil, movilidad y de burocracia gubernamental: estamos ante decisiones que tendrán costos en dinero y vidas humanas tapatías a corto, mediano y largo plazo.Formular preguntas erróneas nos lleva inevitablemente a contestaciones incorrectas y a decisiones equivocadas. Al preguntar- ¿Cómo evitamos embotellamientos en la Avenida López Mateos logrando que un mayor número de autos ingresen más rápidamente a la ciudad? - o - ¿Cómo logramos abaratar el costo de la verificación para automovilistas? - estaremos obteniendo respuestas que inevitablemente aumentarán el número de automóviles que circulan y contaminan el aire- que causarán más muertes. Las autoridades y la sociedad se deben plantear las preguntas correctas- ¿Cómo reducimos las muertes y enfermedades por contaminación atmosférica vehicular? ¿Cómo aumentamos el movimiento de personas, mientras disminuimos el ingreso y flujo del parque vehicular en Guadalajara? ¿Qué infraestructura permite lograr una movilidad urbana sustentable, una mayor seguridad vial y un mejoramiento de la salud humana? Autores: Dr. Eduardo Santana Castellón, Dr. Carlos Moreno, Dr. Adrián Fernández Bremauntz, Dra. Marta Rofin Serrà, Dr. Jorge Osorio, Dr. Mario Córdova España, Dra. Laura Karina Salas Salazar, Dr. Carlos Ramiro Ruiz Moreno, y Arq. Héctor García Curiel CT
