Ante hechos que han conmocionado a la sociedad, como la muerte de la niña Dafne Zapata Quintos, el Senado de la República no puede permanecer inmóvil y será necesario revisar la regulación y funcionamiento de las llamadas “escuelas militarizadas” privadas, que operan al amparo de un decreto de hace ochenta años y que pone en riesgo la vida e integridad de los menores, advirtió la senadora Guadalupe Chavira, al informar que se revisará el Reglamento para el Funcionamiento de las Academias Particulares de Tipo Militar.La secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos calificó de anacrónico el ordenamiento de 1943, según el cual no solo se puede impartir instrucción académica de corte militar desde los niveles primaria hasta técnico profesional, sino que se permiten clases de tiro para infantes desde nivel secundaria y el uso de grados similares a los de las fuerzas armadas, que permiten a ciertos alumnos ejercer autoridad y sometimiento sobre otros.“La tragedia ocurrida con Dafne, de quien se investiga asfixia bajo el agua, nos debe llamar a la reflexión y a la acción. Esas escuelas no tienen facultades para organizar campamentos de verano o para autorizar salvajadas como las ‘novatadas’, que terminaron en la muerte de una niña de 13 años supuestamente a manos de adolescentes que ahora seguirán su vida en la cárcel. Se debe investigar a las autoridades del plantel y hacer justicia”.Chavira de la Rosa recordó que no es el primer caso de una menor que fallece en este tipo de instalaciones, pues en 2025 se conoció el caso de Erick Leonardo Terán Torbellín, de tan solo 13 años, y cuya familia denunció que murió en circunstancias de tortura y maltrato físico a cargo de una docena de estudiantes que lo habrían golpeado hasta provocar estallamiento de vísceras, durante un campamento organizado por la Academia Militarizada Ollin, en Morelos.La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó entonces que la academia militarizada operaba con el acuerdo de incorporación en mayo de 2022 SECR-09220030.Un mes después de su clausura por estar bajo investigación, el plantel reabrió clases en línea, pese a enfrentar otras ocho denuncias por maltrato y justificó la decisión señalando que el alumnado “tiene derecho a continuar su formación, aun en medio de circunstancias adversas… educamos para formar personas íntegras, capaces de servir a los demás con disciplina, honor y sentido social”.La legisladora exigió que cese este tipo de irregularidades y se legisle un nuevo marco legal, acorde con las nuevas leyes que protegen los derechos de las infancias; además de precisar facultades claras para regular esos planteles a la Secretaría de Educación Pública, que es la dependencia encargada de ejercer la política educativa del país, porque el reglamento de 1943 deja esa responsabilidad en la Secretaría de la Defensa Nacional.Mencionó que, de acuerdo con especialistas, no son casos aislados pues en dichos planteles privados de corte militar se enseña con un enfoque jerárquico que impone disciplina mediante la violencia y el sometimiento. No es el caso de los planteles oficiales, donde tanto el Ejército como la Marina cuentan con áreas de derechos humanos y si hay abusos se investigan directamente por la CNDH.
